La Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios emitió un duro comunicado en el que solicitan a Nación el envío de partidas indispensables para el servicio.
La Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios emitió un duro comunicado en el que acusa al Gobierno nacional por un corte de fondos dedicados a la sostenibilidad del servicio. La carta, puntualmente dirigida al Ejecutivo provincial, pone en dudas la continuidad de los trabajos a largo plazo.
En el comunicado, la Federación remarca que los recursos previstos por la Ley 25.054 no están siendo girados con la regularidad correspondiente, lo que genera una “presión creciente” sobre un sistema que se mantiene activo todos los días frente a incendios, accidentes y emergencias. Según detallaron, la falta de financiamiento impacta directamente en la renovación de equipamiento, el mantenimiento de unidades y el pago de costos básicos.
“No vamos a naturalizar demoras ni aceptar situaciones que pongan en riesgo el funcionamiento del sistema”, señalaron desde la entidad, al tiempo que afirmaron que continuarán con los reclamos hasta que se regularice la situación. En ese sentido, subrayaron que no se trata de una discusión administrativa, sino de garantizar que cada cuartel esté en condiciones de responder ante una emergencia.
La carta también plantea un llamado directo a las autoridades para que arbitren “de manera urgente” los mecanismos necesarios que permitan normalizar la transferencia de fondos. Aunque ratificaron el compromiso de los bomberos voluntarios con la comunidad, advirtieron que ese esfuerzo “no puede sostenerse indefinidamente sin el acompañamiento que corresponde”.
En el mismo documento, la Federación puso el foco en el carácter esencial del servicio que prestan los bomberos voluntarios, presente en cada emergencia que atraviesa la comunidad. En ese sentido, advirtieron que la falta de previsibilidad en los recursos no solo afecta la operatividad diaria, sino que también limita la planificación a mediano y largo plazo, generando incertidumbre en cada uno de los cuarteles de la provincia.
El sistema se financia principalmente a través de una contribución obligatoria establecida en el Artículo 11 de la Ley 25.054. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) recauda estos montos y los gira al Ministerio de Seguridad Nacional para su distribución.
La organización representa la voz de unos 46 cuarteles que trabajan en la provincia las 24 horas, los 365 días del año. Su labor es fundamental y trascendió con más fuerza luego de los feroces incendios en la provincia entre 2021 y 2022.
Finalmente, desde la federación aseguraron que continuarán gestionando y reclamando en conjunto con otras entidades del país en busca de una solución que garantice la continuidad de un servicio considerado esencial para la seguridad de la población.