“El Estado es responsable por no haber prevenido el atentado”, reconoció el Ministerio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado argentino reconoció este sábado en el marco de la audiencia que se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas.
Esto a raíz del reclamo que llevaron ante esa instancia los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
De esta manera, el tribunal internacional quedó ahora en condiciones de dictar una condena que incluya reparaciones económicas y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista.
“El Estado es responsable por no haber prevenido el atentado. Es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”, reconoció Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia.
“El Estado no atendió sus obligaciones internacionales. Fueron deliberadamente incumplidas, o parcialmente o injustificado retraso”, expresó la funcionaria que el Estado es responsable de lo que ocurrió desde la explosión hasta el decreto del 2005 pero también de lo que sucedió hasta ahora.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, afirmó: “Acá tenemos el antecedente del decreto de 2005 que no fue cumplido . Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar un tiempo, que trataremos que sea el más breve posible. Pero hay una cantidad de líneas de acción que no tienen que esperar una sentencia de esta Corte para ser implementados. Culmino estas consideraciones, instando al Estado a que no espere la sentencia de la Corte para empezar a dar hechos concretos. Esto sería el mejor resultado de esta audiencia”.
Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, expresó tras las definiciones de la representante del Ministerio de Justicia: “Nos parece importante este reconocimiento, así como festejamos el reconocimiento en el 2005 que nos había llenado de esperanza en ese momento. El decreto del 2005 tenía un anexo que el Estado debía cumplir. Hoy estamos en el 2022. Es para nosotros alentador el reconocimiento pero nos parecerá bien cuando se traduzca en acciones concretas que sirvan para todos. Para eso va a tener que haber cambios. Me sorprende esperar que la Corte castigue al Estado para ver si el Estado se dispone a cumplir “.