Se trata de Raúl Gastón Fontana, de la Prefectura Naval Argentina de la localidad correntina de Itá Ibaté y quien es sometido a juicio junto a Aníbal Vicente Torres.
El exjefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA), Raúl Gastón Fontana (42) se negó a declarar en el inicio del juicio donde se lo acusa de organizar maniobras de contrabando de marihuana a través del río Paraná.
En tanto que Aníbal Vicente Torres (39), quien lo acompaña en el banquillo de los acusados tampoco quiso brindar testimonio.
El debate que se realiza en el Juzgado Federal de Corrientes comenzó ayer pasadas las 9 con la lectura del requerimiento y elevación a juicio de la causa, como así también se dieron a conocer las pruebas que existen en la misma.
Como ambos acusados se negaron a declarar, empezó la ronda de testimonios.
Comparecieron ante el Tribunal cinco testigos, entre ellos, un gendarme y cuatro prefectos.
Los prefecturianos fueron propuestos por la defensa y las preguntas estuvieron centradas en la denominada Ley de Informantes que establece las pautas y otorga los instrumentos a la fuerzas para saber cómo lidiar con los informantes en diferentes investigaciones.
El testimonio más contundente fue el del prefecto Gabriel Ayala, quien precisó que en una oportunidad le habían secuestrado a Torres una embarcación con elementos de pesca y se la devolvieron a cambio de que le otorgue información. Ese acuerdo nunca fue notificado a los superiores y tampoco a las autoridades judiciales.
Pasadas las 14:30, el Tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreira, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de marzo.
Para ese día están citados siete testigos más. Es probable que en la misma jornada se lleven a cabo los alegatos.
Fontana, quien cumple prisión preventiva en Santiago del Estero desde el 30 de septiembre de 2021, llegó al debate imputado como supuesto autor del contrabando de drogas en calidad de organizador, agravado por ser parte de una fuerza de seguridad federal.
En tanto que Torres fue acusado formalmente como partícipe necesario del tráfico de estupefacientes, según se desprende del expediente a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini ante el Juzgado Federal 1 de la capital correntina. La investigación se inició en septiembre de 2020 en una zona de ribera sobre el río Paraná denominada Paraje Yahapé, en la provincia de Corrientes, donde la Gendarmería detectó operaciones de traslado de marihuana.
En ese entonces, Fontana se desempeñaba como jefe de Operaciones de Frontera de la PNA en la capital correntina y su vinculación con la banda quedó registrada en intervenciones telefónicas.
La organización criminal operaba con una distribución de tareas en la que Torres “gestionaba el traslado de la sustancia estupefaciente de la República del Paraguay y obtenía los datos de futuros traslados que eventualmente se materializarían a través de los diversos contactos, para que posteriormente se efectuara la entrega de la droga a los compradores”, indica el expediente.
De acuerdo con la causa, este acusado “luego suministraba información precisa para que los funcionarios de Prefectura realicen la incautación del estupefaciente y la detención del comprador”.
Así, Fontana luego se hacía del material contrabandeado al intervenir como parte de la fuerza, según consta en la elevación a juicio de la investigación, en la que se indica que, aún desempeñándose en la capital correntina, Fontana se trasladaba hasta Yahapé en ocasión de los operativos de contrabando.
En ese sentido, a principios de enero de 2021 se registró el movimiento de más de 72 kilos de marihuana que Torres debía entregar a un supuesto comprador llamado Juan Luis Molina, alias “Rey Molina”.
Hubo otra maniobra de contrabando desde el Chaco y el 19 de enero ese año, un tercer operativo “de más de dos toneladas de Cannabis sativa”, procedimiento que concluyó con el secuestro de dos vehículos y la detención de un hombre.