La decisión del Gobierno nacional de aumentar los subsidios a los colectivos del área metropolitana muestra un doble criterio, con compensaciones para el boleto del centro y la responsabilidad de provincias y municipios para el interior. Los trabajadores, estudiantes y jubilados de Corrientes necesitan la misma protección que los pasajeros del AMBA.
El aumento alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional que acumulan $679.000 millones entre enero y el 19 de octubre, mientras las cámaras empresarias reclamaban $150.000 millones más por año, y la transparencia exige saber cuánto se pagó y qué recibió cada operador.
En febrero de 2024 se eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, y desde entonces nuestras ciudades sostienen sus servicios con tarifas y recursos provinciales y municipales, mientras se reproduce una Argentina macrocéfala donde lo del centro es nacional y lo del interior, un problema local.
Las consecuencias exceden el boleto, porque la provincia que sostiene el transporte resigna otras políticas, el pasajero pierde ingreso y menos frecuencias significan peor acceso al trabajo, la educación y la salud. Ningún gobierno debería decidir sin criterios objetivos qué pasajeros reciben compensación y cuáles soportan el ajuste.
La responsabilidad alcanza al Congreso, que debe sancionar un régimen federal de financiamiento con una fórmula pública según demanda, vulnerabilidad social, distancias y capacidad fiscal, y con empresas obligadas a acreditar kilómetros, pasajeros y frecuencias, porque el dinero público debe traducirse en prestaciones comprobables.
Si la Nación retira un aporte y el costo reaparece en una provincia, un municipio o una familia, alguien debe explicar quién lo paga. Mientras el presupuesto trate de manera distinta a ciudadanos con necesidades semejantes, el interior seguirá discriminado en algo tan elemental como viajar a trabajar o a estudiar. La igualdad que promete nuestra Constitución quedará en deuda con quienes viven lejos del centro del poder, el domicilio de un argentino no puede determinar cuánto vale su necesidad de viajar.