Empresarios de la forestoindustria advierten que la energía ya representa hasta el 40% de costos variables y reclaman un alivio tarifario y financiación. La DPEC atribuye los aumentos al esquema nacional de generación y transporte, que elevó los costos.
Los recientes ajustes al costo mayoría de la energía eléctrica escalaron a un escenario de tensión estructural en el noreste correntino. En la reciente reunión celebrada en la sede de la Asociación Maderera y Afines de Corrientes (AMAC) en Gobernador Virasoro se hizo visible un problema sobre cómo gestionar la crisis energética: por un lado, la urgencia de las PYMES industriales que ven amenazada su rentabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos; por el otro, el escaso margen de maniobra de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) atada a las decisiones de la política macroeconómica nacional en materia de quita de subvenciones y aumento de las tarifas de generación y transporte.
El nudo del conflicto radica en el impacto que el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) genera sobre las empresas madereras de Virasoro, San Carlos, Garruchos y Santo Tomé. Para la AMAC, la tesis central es que la electricidad ha dejado de operar como un insumo previsible para convertirse en un factor de asfixia financiera.
Los empresarios argumentan que el servicio representa entre el 30% y el 40% de sus costos variables de operación. Con incrementos que rozaron el 100% en las últimas boletas, el sector forestoindustrial sostiene que el esquema actual desincentiva la producción, ya que al estar catalogados como “Grandes Usuarios” (GUDI), el sistema penaliza el volumen de consumo necesario para mantener activas las líneas de aserrado y secado.
Semanas atrás en Santo Tomé los madereros locales llevaron el reclamo directamente ante las máximas autoridades provinciales aprovechando un acto público. El planteo de los industriales santotomeños sumó una advertencia técnica central a la discusión: denunciaron una marcada distorsión distributiva bajo la lógica de que “a mayor consumo, más se paga de manera exponencial”.
Desde la perspectiva de la DPEC, la interpretación del problema es estrictamente técnica y regulatoria. La conducción de la distribuidora, encabezada por su interventor Pablo Cuenca, sostiene que los incrementos no responden a una política recaudatoria local, sino al traslado directo y obligatorio de los costos fijados en el Mercado Eléctrico Mayorista por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la Secretaría de Energía de la Nación.
Bajo la actual lógica de ajuste fiscal del Estado Nacional, la quita casi total de subsidios a los bloques comerciales e industriales obliga a las distribuidoras provinciales a cobrar el valor real de la generación de energía, limitando el margen de maniobra de la provincia.
Las divergencias se profundizan al analizar la posibilidad de aplicar medidas de alivio. Los madereros reclaman la creación de una “tarifa de fomento industrial” diferenciada, argumentando que Corrientes, al ser una provincia generadora de energía a través de Yacyretá, debería otorgar ventajas competitivas a sus industrias frente a otros mercados.
Asimismo, piden una revisión a la baja del Valor Agregado de Distribución (VAD) y la apertura de planes de refinanciación en cuotas para amortiguar el impacto financiero de las facturas en el capital de trabajo de las pymes.
Ante estas demandas, la postura de la DPEC mantiene una estricta neutralidad fiscal. Los funcionarios técnicos ratificaron en los encuentros de Virasoro y Santo Tomé que, por normativa vigente, no existen márgenes para implementar subsidios cruzados ni cuadros tarifarios preferenciales para el sector privado.
La empresa provincial argumenta que su rol actual se limita a garantizar la estabilidad técnica del sistema de media y alta tensión, y a ofrecer asesoramiento para optimizar el consumo de las plantas. No obstante, descartan por el momento mecanismos de financiación subsidiada, señalando que la distribuidora también debe afrontar sus compromisos de pago mensuales con CAMMESA bajo riesgo de ser penalizada a nivel nacional.
El escenario actual expone así una brecha de prioridades. Mientras la AMAC advierte que la falta de flexibilidad en los pagos puede derivar en una reducción de turnos de producción y riesgo para el empleo local, la DPEC se planta en la necesidad de preservar el equilibrio financiero de las cuentas públicas en un contexto de desregulación nacional. La mesa de diálogo permanece abierta, pero las posiciones reflejan la dificultad de conciliar la supervivencia de la actividad industrial con las reglas del nuevo orden energético nacional.