La adjudicación del campamento Batidero para el Proyecto Vicuña abrió un nuevo debate sobre el impacto de las grandes inversiones mineras en la industria nacional. Mientras las empresas impulsoras destacan el menor costo y la rapidez de ejecución, cámaras empresarias cuestionan la pérdida de empleo y producción local.
La adjudicación del campamento Batidero, una de las obras de infraestructura clave del Proyecto Vicuña en San Juan, gestó cuestionamientos de sectores industriales argentinos luego de que el contrato fuera otorgado a un consorcio integrado por las firmas PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA S.A., que presentó una oferta de USD 52 millones.
La licitación también contó con la participación de la empresa argentina Modular Homes, cuya propuesta ascendía a USD 70 millones. La diferencia entre ambas ofertas fue de USD 18 millones, cifra que se convirtió en uno de los principales puntos de discusión dentro del sector.
El Proyecto Vicuña, impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP, prevé inversiones estimadas en USD 18.000 millones hasta el año 2040, de los cuales unos USD 7.000 millones corresponderían a la primera etapa de desarrollo. En ese contexto, representantes de la industria nacional sostienen que la brecha económica entre las dos propuestas resulta reducida frente a la magnitud total de la inversión prevista.
El campamento Batidero tendrá una capacidad inicial de 2.500 camas y, mediante esquemas de trabajo rotativo, podría alojar entre 3.500 y 5.000 personas. Además, el diseño contempla una ampliación futura hasta alcanzar 6.000 plazas, en un proyecto que podría demandar hasta 12.000 trabajadores durante distintas fases de construcción y operación.
Las críticas provienen principalmente de entidades vinculadas a la construcción modular y a la cadena de proveedores mineros. Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular (CACMI), junto con referentes de CAPRIMSA y CAPMIN, señalaron que una fabricación local de los módulos habitacionales habría generado más de 400 empleos directos, además de actividad para unas 50 empresas proveedoras nacionales.
Según esos cálculos, la alternativa finalmente seleccionada demandaría alrededor de 50 puestos de trabajo vinculados principalmente al montaje y la logística de los módulos importados, lo que representaría apenas el 12% del empleo potencial asociado a una producción íntegramente nacional.
El vocero empresario Juan Pablo Rudoni sostuvo que la industria argentina cuenta con capacidad técnica y productiva para afrontar este tipo de desarrollos. Como antecedente, mencionó experiencias industriales previas de empresas especializadas como Ecosana, que participaron en proyectos de infraestructura modular de gran escala.
De acuerdo con datos difundidos por las cámaras empresarias, los costos de fabricación local rondan los USD 1.300 por metro cuadrado, mientras que la producción en China se ubica en torno a los USD 500 por metro cuadrado. A ello se suman aproximadamente USD 200 por metro cuadrado en concepto de transporte internacional. Sin embargo, una vez instalados en alta montaña, los módulos importados alcanzarían un costo estimado de USD 1.900 por metro cuadrado, frente a los USD 2.500 por metro cuadrado de una solución fabricada íntegramente en Argentina.
Los defensores de la adjudicación argumentan que la propuesta ganadora permitió reducir costos, acelerar los plazos de ejecución y garantizar una rápida escalabilidad del complejo habitacional, un aspecto considerado estratégico para acompañar el crecimiento previsto del proyecto minero.
Otro elemento que aparece en el debate es la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde las cámaras empresarias sostienen que los beneficios fiscales y aduaneros contemplados por el esquema habrían mejorado la competitividad de los proveedores extranjeros. Según estimaciones del sector, esas exenciones podrían reducir los costos finales hasta en un 30%.