Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción. Dicha entidad había solicitado ser depositaria judicial para utilizar el vehículo y hacer frente a eventuales incendios ocasionados por las condiciones climáticas de la zona.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes, conformado unipersonalmente por el juez Víctor Alonso González, hizo lugar al pedido del presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Itá Ibaté, y le entregó provisionalmente un camión Iveco tipo tractor de carretera, y su semirremolque, que fueran secuestrados en un procedimiento por narcotráfico. El vehículo fue cedido para ser incorporado al parque automotor de la fuerza para hacer frente a eventuales incendios ocasionados por las condiciones climáticas de la zona.
La decisión se dio en línea con el dictamen del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal correntino, Carlos Schaefer, y de acuerdo con lo peticionado por el representante del Ministerio Público Fiscal en diferentes causas, junto con los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María del Carmen Chena.
En octubre pasado, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Itá Ibaté solicitó la entrega del vehículo que estaba almacenado en la delegación Garapé de la Prefectura de zona Ituzaingó, dependiente de la Prefectura Naval Argentina.
En su dictamen, el fiscal general Schaefer consideró que debía hacerse lugar a lo peticionado en carácter de depositario judicial. Agregó que no debía dejarse de lado que la Provincia de Corrientes declaró, mediante Decreto 200/22, la “Emergencia y Desastre Agropecuario”. En tal sentido remarcó: “Dicha entrega corresponderá a los fines de combatir los estragos causados por la proliferación de focos ígneos y de las consecuencias de las llamas que afectan de manera directa a los productores quienes ven arder sus campos, como también a la sociedad y a su derecho a un ambiente sano.”
En su resolución, el juez Alonso González destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Acordada N°02/18, dispuso que los efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales, que no hayan podido entregarse a sus dueños, podrán ser asignados provisoriamente en carácter de depositario judicial a entidades con fines de interés público para el cumplimiento de sus objetivos específicos y uso dentro del territorio nacional.
Dicha normativa también refiere a los bienes provenientes de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos e indica: “El abordaje del delito con medidas eficaces de este tipo reduce el impacto negativo que este provoca en la sociedad, especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción que degrada las instituciones del país, en particular la administración pública”.
En ese orden de ideas, la acordada destaca que este tipo de medidas “relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo se beneficia directamente a la población. De ahí la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos”.