Los defensores de los trabajadores adelantan un “juicio extraordinario” ante la “muerte jurídica” de la empresa. La primera semana de noviembre será clave para todos los despedidos.
La Justicia chaqueña decretó la quiebra de Carsa S.A., la sociedad vinculada a la operación de Musimundo, y dejó sin efecto el concurso preventivo que se abrió el pasado 17 de julio. La situación complica a los empleados de las 12 sucursales cerradas en la provincia, aunque los abogados confían en que se podrá cobrar una buena parte de las indemnizaciones.
La resolución fue dictada el 2 de septiembre por el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, quien consideró que existían circunstancias que revelaban el estado de cesación de pagos de la compañía y que ya no estaban dadas las condiciones para continuar con el proceso concursal.
A partir de la decisión, el expediente pasó a tramitar bajo la carátula “Carsa S.A. s/ Quiebra”, dejando atrás el procedimiento que se inició con el objetivo de reordenar las deudas de la empresa y alcanzar un acuerdo con sus acreedores para evitar precisamente la quiebra.
La decisión judicial se conoció luego de que la Justicia analizara el proceso de reducción de estructura de la compañía, que incluyó el cierre de locales.
El directorio de Carsa aprobó ese plan mediante el Acta N°695, del 26 de agosto, luego de que tampoco prosperara una propuesta para transferir 45 locales.
Sin embargo, el principal argumento considerado por el juez estuvo relacionado con la situación patrimonial y financiera de la empresa.
Según la resolución, los hechos registrados resultaban suficientes para encuadrar el caso en el Artículo 79, inciso 4, de la Ley de Concursos y Quiebras, referido a circunstancias reveladoras del estado de cesación de pagos.
De acuerdo con el último registro disponible del Banco Central, correspondiente a julio de 2026, Carsa acumulaba aproximadamente $2.242 millones de deuda informada con entidades del sistema financiero.
El principal acreedor era el Banco de la Nación Argentina, con unos $1.404,6 millones, seguido por Banco Macro, con $326,8 millones; Banco de Comercio, con $298,9 millones; y Nuevo Banco del Chaco, con aproximadamente $205 millones.
Además, aparecían saldos menores con American Express Argentina, Banco de Corrientes, Banco Galicia y Buenos Aires, Banco Patagonia y Banco de Servicios y Transacciones.
La situación de los trabajadores
El estudio jurídico del especialista en derecho laboral, Gonzalo Saravia, tomó la representación de los exempleados de la firma. “Los empleados quizás no cobren el 100% de lo correspondiente a sus indemnizaciones, pero vamos a hacer todo lo posible para que recuperen lo máximo de su dinero”, dijo en declaraciones. El letrado detalló que todos los acreedores de la deuda de CARSA S.A, entre los que están los exempleados, deberán presentarse ante el Juzgado Nº23 de Chaco el 6 de noviembre. “Hasta ese tiempo tienen tiempo a presentar todos los papeles, sino lo hace no podrán entrar como acreedores”, puntualizó. El especialista recordó que el proceso judicial comprende a los extrabajadores de todo el NEA. Ellos deben presentarse en conjunto y no iniciar juicios laborales por separado. Saravia contó que la quiebra es “la muerte jurídica” de la empresa, por lo que el proceso judicial implica un proceso distinto a un despido convencional. De esta manera, la declaración de quiebra abre una nueva etapa para Carsa y, especialmente, para los trabajadores que quedaron afectados por el cierre de las sucursales. Ahora, la prioridad para los exempleados será lograr que sus créditos laborales sean reconocidos dentro del proceso judicial y recuperar la mayor parte posible de las indemnizaciones.
Detalles y cronograma
Mientras que el concurso preventivo busca que una empresa con dificultades financieras pueda negociar con sus acreedores y continuar con su actividad, la declaración de quiebra abre una nueva etapa judicial destinada a administrar y liquidar los bienes de la compañía conforme al régimen establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.
La sindicatura que ya intervenía durante el concurso continuará en esta nueva instancia. Se trata del Estudio Contable Benítez, integrado por el contador público José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard.
El proceso también contempla nuevas fechas para los acreedores. Los pedidos de verificación podrán presentarse hasta el 6 de noviembre de 2026. El informe individual de la sindicatura deberá ser presentado el 30 de marzo de 2027, mientras que el informe general tiene como fecha prevista el 25 de junio de 2027.