La demanda es concentrada por mujeres de bajos recursos con problemas relacionados a sus viviendas familiares o casos de violencia de género, según datos del Centro de Acceso a la Justicia.
En Corrientes existe un centro, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al que todos los meses llegan decenas de personas buscando asesoría en diversos temas legales, sobre todo aquellas que no cuentan con recursos para costearse un defensor oficial.
Se trata del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), ubicado en 9 de Julio y Chaco, que, según cifras de sus oficinas, atiende por mes entre 400 y 450 consultas referidas a diversos problemas jurídicos de la vida cotidiana. Entre los que se destacan los vinculados con acceso a terrenos en asentamientos, usurpaciones y desalojos. Y también casos de violencia de género o referidos a cuotas alimentarias.
La coordinadora del CAJ, María Belén Acosta, especificó a época que la gran demanda en lo que respecta a acceso a tierras se debe a que en la provincia existen 200 barrios populares, y 68 de ellos se encuentran en Capital. De esta forma en las oficinas y los operativos territoriales abundan trámites para certificados de vivienda familiar (emitidos por el RENABAP) o bien los pedidos de asesoramiento para convertirse en beneficiario del programa Mi Pieza.
La demanda que recibe el CAJ demuestra que la mayoría de las preocupaciones legales de las familias de bajos recursos se centra en temas de hábitat. “En los últimos meses asesoramos a mujeres vulnerables con hijos que tenían en su contra una demanda de desalojo. Se trata de personas que registraban varios años viviendo en estos terrenos, pero no contaban con recursos para pagar un abogado”, remarcó Acosta. A la vez que agregó que trabajan con la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), para gestionar el acceso a servicios básicos en barrios populares, como los son el agua potable y la energía eléctrica.
La violencia de género y violencia en ambientes familiares también cosechan pedidos de asesoría legal en las oficinas del barrio Camba Cuá. Para estos casos buscan garantizar no solo el acceso a una defensa, sino también un acompañamiento psicológico integral.
Las caracterización de la demanda exhibe un patrón, la mayoría de los casos involucra a mujeres que tienen dificultades para “acceder a la Justicia” o bien para interpretar los procesos legales. “Por ejemplo, hay gente que piensa que por no contestar una demanda de desalojo el proceso concluye, pero esto no es así”, resaltó Acosta.
Otros servicios se brindan de forma conjunta con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) atendiendo a jóvenes con problemas de consumo.
La sede del CAJ atiende de lunes a viernes de 8 a 13, en la esquina de 9 de Julio y Chaco, donde también funciona el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 3794-318809.
Cuotas alimentarias impagas
Otra de las principales demandas se concentra en las cuotas alimentarias. “Es muy grande el número de mujeres que busca patrocinio para acceder a la cuota alimentaria para sus hijos”, resaltó Acosta.
La coordinadora del CAJ comentó que para estos casos buscan asegurar el acceso, sobre todo para aquellos padres que cuentan con ingresos. Y en caso de no tenerlos formalmente intentan acercar a las partes en una mediación. “Es muy alto el índice de niños que perciben la cuota alimentaria en la provincia”, lamentó.