El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y organizaciones de derechos humanos solicitaron el cese del agravamiento de las condiciones de detención de personas alojadas en la Unidad Penal N.° 10 de Corrientes. La Justicia hizo lugar al planteo y ordenó una inspección integral para el 2 de junio con el fin de verificar la situación edilicia, sanitaria y de atención médica de los internos.
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura junto a distintas organizaciones de derechos humanos presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de personas alojadas en la Unidad Penal N.° 10 de Corrientes , ubicada en las instalaciones del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís . El recurso judicial busca el “cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.
La presentación se basó en tareas de monitoreo, inspecciones y relevamientos realizados en el establecimiento, donde se habrían constatado condiciones de vida, acceso a la salud y régimen de tratamiento de las personas alojadas. Según lo expuesto, se advierte el alojamiento prolongado de personas con padecimientos severos de salud mental, deterioro cognitivo, discapacidad y alta dependencia sanitaria.
El escrito también señala situaciones de institucionalización prolongada, con casos que superarían los 20 años, e incluso menciona que algunas personas no estarían vinculadas a causas penales activas, sino a procesos civiles o contextos de vulnerabilidad. Además, se alertó sobre prácticas de aislamiento, escasa actividad terapéutica y antecedentes de muertes en contexto de encierro.
En este marco, el Juzgado de Garantías , a cargo del juez Leandro Damián Llorente , hizo lugar a medidas urgentes de verificación y ordenó una inspección integral para el 2 de junio.
La medida judicial contempla relevamientos edilicios y sanitarios, evaluaciones médicas y psiquiátricas, y controles sobre condiciones de higiene y tratamiento, con el objetivo de constatar el estado real de alojamiento y el resguardo de los derechos humanos.
La acción fue impulsada además por la Asociación Civil Red Corrientes de Derechos Humanos , Medehs , la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres y la La Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá , que advirtieron la necesidad de una revisión estructural del abordaje estatal en materia de salud mental e institucionalización prolongada.