“Es un despropósito, burdo y grosero”. Así definen desde la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) al aumento que aprobó el Concejo Deliberante de Victoria, Entre Ríos, para el uso de corrales y bretes para carga y descarga de animales.
Para los productores, la ordenanza 4256/24 implica que la tasa municipal pase de $300 a unos $7000 por cabeza. Si bien reconocen que el valor estaba desactualizado, denuncian que las nuevas condiciones atentan directamente contra el desarrollo de la actividad ganadera en la zona.
“El país que están mirando es el de la recaudación”
“Cada vez que hay una urgencia o una creciente, los productores sacan la hacienda de las islas más bajas y pasan por la manga del municipio. Pero esa tarifa no se condice en absoluto con el servicio y te destruye el negocio”, explicó en diálogo con TN Eduardo Grimaux, presidente de la Sociedad Rural de Victoria.
El titular de la entidad detalló que en “marzo se estaba pagando $264 por animal, en abril pasó a $300 y ahora a $7000″, y consideró que los concejales “hicieron la ordenanza sin conocimiento”.
“El país que están mirando es el de la recaudación porque el servicio es malo, y encima tienen horarios municipales. Si llegás tarde tenés que avisar, o volverte con los animales y pagar de nuevo un flete”, contó.
Al malestar que genera entre los productores este aumento, Grimaux afirma que “la recaudación por esta tasa no se consideró en el presupuesto pasado, y, por lo tanto, el dinero es de libre disponibilidad”.
En la ordenanza se detalla que los fondos que paguen los ganaderos “serán destinados al Programa de Becas Estudiantiles Primarias (30%); gastos operativos y de infraestructura para el mantenimiento de bretes y corrales (30%); y a rentas generales (40%)”.
“Te vaya como te vaya, no les importa”
Leonardo Scarparo, presidente de CIAC, consideró que esta suba responde a “una ideología que va en contra de la propiedad privada y la producción”. “Un aumento de 1000% de la tasa es totalmente descolgado de la realidad y vuelve prohibitiva la actividad. Ya hay contratos de pastaje que se están cayendo y todo es por pasar por una manga, porque no hay ningún tipo de contraprestación”, indicó.
Aseguró que “si hay una inundación, la manga no sirve”, y que esta ordenanza “encarece el costo de transporte en un 50%” para el ganadero. “Te vaya como te vaya, no les importa. Los derechos de la propiedad están siendo ninguneados, quedamos en manos de gente que no conoce el proceso productivo y que nos están conduciendo al abandono de la actividad”, analizó Scarparo.
El titular de CIAC explicó que esto no solo afecta a los productores sino a toda la sociedad. “La carne vale lo que vale porque cada vez hay menos oferta”, aseguró.
Mientras rige la ordenanza municipal, productores de la zona advierten que están analizando “gestionar embarcaderos privados para no caer en la Municipalidad”.