Las naciones firmantes instaron a China “a respetar sus obligaciones en derechos humanos y a aplicar las recomendaciones de la Alta Comisionada” de la ONU en su reciente informe sobre los atropellos cometidos contra esa comunidad musulmana en Xinjiang
Cincuenta países, entre los que se incluyen casi toda Europa y Estados Unidos, firmaron este lunes una declaración en la que exigen al régimen chino respuestas sobre las graves acusaciones vertidas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU el pasado 31 de agosto con respecto a las repetidas violaciones de los derechos de la minoría uigur.
En una iniciativa partida de Canadá y que sumó apoyos tan dispares como Turquía e Israel -pero muy pocos países islámicos, pese a ser los uigures una minoría musulmana, y casi ningún latinoamericano-, los firmantes dicen estar “preocupados porque China, hasta ahora, se niega a discutir las conclusiones (del informe de la Alta Comisionada)”.
“Instamos al Gobierno de China a respetar sus obligaciones en derechos humanos y a aplicar las recomendaciones de la Alta Comisionada, lo que incluye pasos rápidos para liberar a los individuos privados arbitrariamente de su libertad en Xinjiang”, señalan los países firmantes.
Asimismo, en esta iniciativa que ha sido pedida insistentemente por organizaciones de derechos humanos, los cincuenta países “instan a clarificar urgentemente el destino y paradero de los desaparecidos, así como facilitar (los derechos) de reunión y de contacto seguro”.
Para los firmantes, el informe de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet, en su último acto antes de dejar el cargo) se hizo “de manera objetiva” y “corrobora las preocupaciones” sobre “la escala de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de uigures y otras minorías musulmanas en China, que según aquel informe pueden constituir crímenes contra la humanidad”.
Recogen así algunos de los argumentos escritos en aquel informe: vigilancia invasiva por criterios de religión y etnia, restricciones graves a las prácticas culturales y religiosas, destrucción de mezquitas, mausoleos y cementerios, tortura y malos tratos, violencia sexual y de género, incluyendo aborto y esterilización, desapariciones y trabajos forzosos: “Tales violaciones graves de derechos no pueden ser justificadas en nombre del contraterrorismo”.
Hasta el momento, el régimen de China no ha reaccionado a este comunicado que tuvo un número inusual de apoyos.
Por su parte, la semana pasada activistas uigures y defensores de las minorías pidieron al nuevo Alto Comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, que continúe ejerciendo presión sobre Beijing para que cese la represión contra las etnias musulmanas.
Los activistas tomaron la palabra en una reunión que estuvo organizada conjuntamente por 23 estados de la ONU, la mayoría europeos -España no estuvo entre ellos-, que a su vez fueron requeridos por estos activistas para que ejerzan una labor diplomática de convencer al resto de países de la gravedad de las violaciones de China de los derechos humanos en Xinjiang.
El Relator Especial para los derechos de las minorías, Fernand de Varennes, subrayó que el informe de agosto de Bachelet recogía un fenómeno “único en el mundo” por la “escala sin precedentes” de la represión de los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de las minorías musulmanas de etnia turca.
Su colega Ziba Murat, que habló conteniendo apenas el llanto, denunció el caso de su madre, una médica alejada de la política y detenida hace ya cuatro años “solo por su etnia”, de la que sólo recientemente ha tenido noticia de que está viva.
“¿Dónde están los países musulmanes? ¿Dónde está la Unesco?”, dijo Murat ante los diplomáticos, entre los cuales solo había un representante de un país oficialmente musulmán, Turquía.
La directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, Tirana Hassan, dijo por su parte que existe “una montaña de pruebas” acusatorias contra China, y aún así Beijing consigue ejercer presión diplomática sobre ciertos países para bloquear las investigaciones o las condenas.
Hassan citó concretamente a Argentina, México y Brasil, que con su abstención el 6 de octubre impidieron un debate en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos sobre el caso uigur, una actitud que “equivale a validar la impunidad”.
En todo caso, subrayó que haber juntado a 23 países para esta causa habría sido impensable hace solo unos años, por lo que pidió seguir haciendo labor diplomática para responder a lo que llamó “uno de los grandes retos de derechos humanos de nuestra era”.