Mediante un proyecto de ordenanza se busca dejar atrás un modelo basado en intervenciones de emergencia para avanzar hacia un sistema de planificación preventiva que permita reducir los riesgos provocados por los fenómenos climáticos.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes analiza un proyecto de ordenanza que propone un cambio integral en la gestión del arbolado público urbano. La iniciativa busca dejar atrás un modelo basado en intervenciones de emergencia para avanzar hacia un sistema de planificación preventiva que permita reducir los riesgos provocados por los fenómenos climáticos, mejorar la seguridad en la vía pública, optimizar el funcionamiento del alumbrado y de las redes de servicios, además de incorporar medidas específicas para la protección de las abejas y otros polinizadores.
La propuesta de la concejal de la Coalición Cívica ARI, Sandra Olivera, parte de un diagnóstico que reconoce el valor ambiental del arbolado urbano como patrimonio de la ciudad. En sus fundamentos sostiene que los árboles cumplen funciones esenciales para el equilibrio ecológico al contribuir a la regulación de la temperatura, la absorción del agua de lluvia, la mitigación del efecto de las altas temperaturas y la mejora de la calidad del aire. Sin embargo, advierte que el incremento de tormentas intensas y fuertes ráfagas de viento en la región ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de mantenimiento para evitar la caída de ramas y ejemplares completos, situaciones que periódicamente ocasionan daños materiales y representan un riesgo para los vecinos.
En ese contexto, el proyecto crea el denominado “Protocolo de Mitigación de Riesgo, Despeje Operativo del Arbolado Urbano y Control de Especies Fitotóxicas Invasoras”, que funcionará como complemento de la ordenanza vigente sobre arbolado público. La iniciativa establece cuatro ejes de trabajo obligatorios para el municipio: la realización de un censo fitosanitario permanente, la implementación de un sistema de poda preventiva estacional, la coordinación de las intervenciones con las empresas prestadoras de servicios públicos y el control de especies exóticas que puedan afectar al ambiente.
“Uno de los cambios más importantes consiste en la incorporación de un relevamiento técnico anual del arbolado mediante un censo georreferenciado que permitirá identificar ejemplares con problemas estructurales, inclinaciones peligrosas, pudrición de troncos, plagas o raíces comprometidas. A partir de esa información se definirán las intervenciones necesarias y, en los casos en que un árbol presente un riesgo irreversible de colapso, se autorizará su extracción con la correspondiente reposición mediante especies nativas de mayor estabilidad”, explicó la edil.
El proyecto también contempla situaciones de urgencia para los vecinos. Cuando un árbol ubicado frente a una vivienda represente un peligro inminente para las personas o la estructura del inmueble, el propietario podrá solicitar una autorización de trámite rápido para realizar la intervención por sus propios medios, siempre bajo las indicaciones técnicas que establezca el municipio y utilizando los canales oficiales como la Línea 147 o el sistema MuniBot.
Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la planificación de las tareas de poda mediante un calendario diferenciado según la época del año. Entre mayo y agosto se realizará la denominada poda estructural, destinada a corregir el crecimiento de los árboles, eliminar ramas secas de gran porte, equilibrar el peso de las copas y reducir la resistencia al viento. En tanto, entre noviembre y marzo se ejecutará la poda verde, orientada exclusivamente al mantenimiento, al despeje de luminarias, cámaras de seguridad y semáforos, además de la eliminación de ramas que puedan fracturarse por el exceso de humedad, procurando que las intervenciones no superen el veinte por ciento del follaje para evitar daños sobre el ejemplar.
La iniciativa también intenta resolver uno de los conflictos históricos entre el arbolado urbano y las redes aéreas de energía eléctrica, telefonía e internet. En ese sentido, establece que las empresas prestatarias ya no podrán realizar podas por decisión propia. Toda intervención deberá contar con autorización municipal y supervisión técnica, prohibiéndose expresamente prácticas como la denominada “poda en V” o los desmochados severos, considerados perjudiciales porque alteran el equilibrio natural del árbol y aumentan el riesgo de futuras caídas.
A su vez, el proyecto incorpora un criterio de seguridad urbana vinculado al alumbrado público. Señala que la importante inversión realizada por el municipio en luminarias led pierde efectividad cuando las copas de los árboles bloquean la proyección de la luz y generan sectores oscuros en calles y espacios públicos. Por ello, la Dirección de Alumbrado podrá informar digitalmente los puntos donde exista obstrucción lumínica y el área competente deberá intervenir en un plazo máximo de diez días hábiles, priorizando las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.
Uno de los capítulos más novedosos de la propuesta está relacionado con la protección de las abejas y otros insectos polinizadores. El proyecto pone especial atención sobre el Tulipanero Africano o Spathodea campanulata, una especie ornamental exótica que, según investigaciones científicas desarrolladas por la Universidad Nacional del Nordeste y el CONICET, produce sustancias presentes en sus flores capaces de provocar una elevada mortalidad en abejas melíferas y especies nativas de abejas sin aguijón.
Con ese respaldo científico, la iniciativa propone prohibir la producción, comercialización, donación y plantación de nuevos ejemplares de esta especie tanto en espacios públicos como privados dentro del ejido urbano. Para los árboles ya existentes no plantea una erradicación masiva, sino un régimen obligatorio de manejo mediante podas preventivas antes y durante la época de floración, con el objetivo de impedir la apertura de los botones florales, evitar la dispersión de semillas y reducir el impacto sobre los polinizadores.
En forma complementaria, el proyecto establece que toda nueva forestación o reposición de ejemplares deberá priorizar especies nativas de la región, fortaleciendo así la biodiversidad local y disminuyendo la incorporación de flora exótica potencialmente invasora.
Finalmente, la iniciativa prevé la creación de un registro digital que integrará toda la información surgida del censo fitosanitario y de los pedidos realizados por los vecinos, permitiendo un seguimiento más eficiente de las intervenciones y una mejor coordinación entre las distintas áreas municipales.
Con este proyecto, el Concejo Deliberante busca avanzar hacia un modelo de gestión del arbolado urbano que combine criterios ambientales, científicos y de seguridad pública, adaptando las políticas de mantenimiento a las condiciones climáticas actuales y promoviendo una convivencia equilibrada entre la infraestructura urbana, la conservación del patrimonio forestal y la protección de la biodiversidad.