La iniciativa diplomática fue presentada por Estados Unidos y apunta a debatir sobre la persecución sistemática del régimen comunista contra la minoría musulmana de los uigures, que fue documentada en un detallado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
En la última semana, Santiago Cafiero sufrió una formidable presión geopolítica ejecutada sin piedad desde Washington y Beijing. Distintos voceros del secretario de Estado Antony Blinken y el canciller chino Wang Yi, le explicaron a Cafiero cómo debía votar Argentina cuando se debatiera hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un Proyecto de Decisión que abre la posibilidad de tratar en público la sistemática persecución perpetrada por el régimen comunista contra la minoría musulmana de los uigures.
Cafiero estaba en una encrucijada política: Estados Unidos -autor del proyecto- apoyó al gobierno en la toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, mientras que China no dudó en consolidar un swap por 18.500 millones de dólares cuando Alberto Fernández se lo pidió a Xi Jinping.
Si Argentina votaba a favor de Washington, Xi se sentiría traicionado por el Presidente. Y en caso contrario, Biden jamás olvidaría que Alberto Fernández jugó en contra de sus intereses globales.
El canciller actuó como un equilibrista y se encontró con Alberto Fernández cuando concluyó que no habría daños colaterales en la relación con Washington y Beijing. El cónclave ocurrió ayer a la tarde en Balcarce 50 y el presidente ratificó la estrategia diplomática del canciller, que implica la abstención al momento de votar la iniciativa del Departamento de Estado.
Alberto Fernández y Cafiero pueden alegar equidistancia diplomática para explicar el voto de abstención que hoy hará la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pero el proyecto de los Estados Unidos se basa en un profundo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que revela la persecución sufrida por la minoría Uigur a manos del régimen comunista liderado por Xi.
El dossier fue redactado bajo la supervisión directa de Michelle Bachelet -por entonces Alta Comisionada de la ONU-, y a lo largo de sus 48 fojas denuncia incontables violaciones a los derechos humanos ordenas por Beijing contra los uigures:
1. “Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.
2. “Las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”.
3. “Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional”.
4. “En Xinjiang (adonde vive la minoría Uigur) se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo”.
5. (El gobierno chino debe adoptar) “rápidamente medidas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Xinjiang, ya sea en los llamados “centros de formación profesional, en las prisiones o en otros centros de detención”.
Xi despliega el aparato represivo de China contra los uigures porque viven sobre la antigua Ruta de la Seda y encima de cuantiosos recursos naturales como gas, petróleo, carbón y los denominados minerales raros. El régimen hizo una apuesta geopolítica a la Ruta de la Seda y necesita el libre acceso a los recursos energéticos de la zona de Xinjiang que es habitada por la minoría musulmana Uigur.
Si la iniciativa de Estados Unidos respecto a China es avalada hoy en Ginebra, habrá sucedido un hecho inédito en la historia de la ONU: será la primera vez que se aprueba una resolución vinculada a los derechos humanos contra un miembro permanente de la organización multilateral creada en 1947.