El fallo firmado por Ercolini este jueves, al que accedió Infobae, forma parte de los numerosos hechos sueltos que fueron denunciados en la causa que encabezó el fallecido Claudio Bonadio
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó días atrás a la vicepresidenta Cristina Kirhcner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido, junto a otros exfuncionarios, por pagos que reportó el chofer Oscar Centeno en la causa conocida como “cuadernos”, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata de dos entregas de dinero que habrían hecho los empresarios Enrique Pescarmona y Francisco Valenti y que aparecían en la lista de anotaciones del remisero que hacía los viajes a las órdenes de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. Pero más allá de esta noticia, el escenario para la ex presidenta no cambia: está acusada de haber encabezado una asociación ilícita para cobrar coimas en un expediente que espera fecha de juicio oral.
Mientas sobreseyó a Cristina Kirchner por este pago puntual, Ercolini no tomó ningún temperamento sobre la indicación que le dio la Cámara Federal sobre avanzar sobre la vicepresidenta con un llamado a indagatoria por el dinero que fue llevado por Baratta y su colaborador Nelson Lazarte al domicilio de la calle Uruguay 1306, en Recoleta y entregado a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, ya fallecido en 2016, en el marco de cómo se manejó el circuito de dinero bajo la lupa en esta causa.
Lo que sí hizo fue enviar a juicio oral por más hechos a Roberto Baratta y su colaborador Nelson Lazarte, junto con los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Juan Mauricio Balán, cuyos procesamientos fueron confirmados. La defensa de Dragonotti había intentado explicar que esos pagos que entregó fueron para el partido justicialista, pero no convenció a los investigadores.
El fallo firmado por Ercolini, al que accedió Infobae, fue firmado este jueves y forma parte de los numerosos hechos sueltos que fueron denunciados en la causa que encabezó el fallecido Claudio Bonadio y que está “cerrando” su reemplazante en el juzgado. En este caso es un expediente “residual” sobre los pagos de empresarios y los listados elaborados como arrepentido por el financista Ernesto Clarens.
Gran parte de la llamada causa “cuadernos” ya fue enviada a fines del 2019 a juicio oral. El caso está en manos del Tribunal Oral Federal 7, que ahora analiza la prueba que solicitaron las partes para debatir en un proceso público. Pero hasta ahora no hay indicios de cuándo podría llevarse adelante ese debate.
Es más: el tribunal acaba de “perder” a uno de sus jueces. La Corte Suprema rechazó los planteos que había impulsado el juez Germán Castelli para que se respetara su traslado desde los tribunales de San Martín durante el macrismo y que puso en cuestión el oficialismo en el Consejo de la Magistratura en julio del 2020. Su mudanza no es inminente. Habrá que esperar que avance el concurso para ocupar ese cargo en el TOF 7, como sucede con los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, también revisores de la causa cuadernos. Los otros dos jueces del TOF 7 son Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
Hace tres semanas, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal deslizó que el TOF 7 tendría que apurarse a hacer el juicio porque el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime está prisión preventiva en este expediente. Es el único procesado que está en esa situación. Todos los otros involucrados fueron excarcelados. No obstante, la situación de Jaime es particular: ya está preso y condenado por otras seis causas de corrupción.
Otro dato a considerar: esa sala de Casación no es la revisora del mega expediente sino solo del tramo que analizó las presuntas coimas en los subsidios a los ferrocarriles. Los otros expedientes de los que se nutrió la causa cuadernos están bajo la órbita de la Sala I, a cargo de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Esos fueron los jueces que, por dos votos a uno, validaron las declaraciones de los “arrepentidos”, el corazón del avance de la causa. No es habitual que en una causa intervengan dos salas de casación, pero como en esta causa se anexaron a la causa por las anotaciones de Centeno otros expedientes que ya existían, el escenario quedó así.
En el mientras tanto, por afuera de esta causa, el juez Marcelo Martínez De Giorgi acaba de recibir un informe pericial encargado a la Policía Federal en donde se asegura que que se encontraron irregularidades en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y plantea que aparecen palabras escritas por otras manos. Se trata de una denuncia que impulsó el empresario Armando Loson, imputado-colaborador, después de haber encargado un peritaje privado sobre los cuadernos en donde aparecía su nombre o las menciones a su empresa. Por ahora, esta cuestión no tiene impacto en el expediente principal.
Lo que el juez Ercolini analizó aquí en esta resolución fue la remisión a juicio de los procesados por algunos pagos y la espera sobre la definición de Loson sobre uno de sus planteos. Pero también las anotaciones de Centeno en torno a tres hechos: “la presunta participación de Julio Miguel De Vido, José María Olazagasti y Hernán Diego del Río en el pago realizado en el Hotel Feir´s Park el día 28 de mayo de 2015; la participación de Cristina Elisabet Fernández en el pago realizado en el Hotel Feir´s Park el día 29 de mayo de 2008; y la participación de Cristina Elisabet Fernández en la entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”.
Sobre ese punto, el juez afirmó que si bien esos hechos fueron mencionados en la causa, no formaron parte de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli ni por las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. “No resulta posible avanzar a la siguiente etapa procesal con relación a los mismos” y “tampoco se vislumbran nuevas medidas de prueba por realizar -ni el acusador pudo precisar alguna concreta”, escribió Ercolini.
Pero además el juez detalló que “efectuando un nuevo análisis de los acontecimientos, debe mencionarse que en el caso del supuesto pago que se habría realizado el día 29 de mayo de 2008, no logró establecerse fehacientemente la persona que lo habría efectuado: si bien en la anotación se indicó que se trataría de “Valenti”, no pudieron colectarse los registros de huéspedes de la fecha en cuestión. La misma situación se observa en el pago que se habría realizado el día 28 de mayo de 2015, respecto de la cual tampoco pudo establecerse la persona que lo habría realizado, siendo que Francisco Rubén Valenti -quien en algunas oportunidades efectuó pagos en el Hotel Feir´s Park- no habría estado alojado en esa fecha; y del listado de pasajeros no surgen otras de las personas imputadas. Sumado a ello, se valora que el nombrado no fue procesado ni elevado a juicio en orden a este hecho”. Otro detalle: esta anotación que hace referencia al día 28 de mayo de 2015, fue asentada el 3 de junio de 2015.
Sobre el presunto pago de Pescarmona, Ercolini señaló: “si bien a la imputada se le atribuyó que el día 28 de abril de 2010 habría sido la destinataria del dinero entregado por Pescarmona el 22/4/10, la prueba incorporada no permitiría avanzar respecto de este acontecimiento con el grado de certeza requerido para esta etapa. En efecto, no obstante que en la anotación se asentó a “Pescarmona” como uno de los que entregó el dinero, el lapso de tiempo transcurrido entre ese día y la recepción del mismo (28/4/10) impediría, a criterio del suscripto, tener fehacientemente acreditado que se trate de la recepción de aquéllos valores entregados el 22/4/10″.
”Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que oportunamente se dispuso la elevación a juicio de Cristina Fernández, Roberto Baratta y Hernán Camilo Gómez por su participación en el pago que habría realizado ese día -28/4/10- Claudio Javier Glazman, por lo que la entrega de dinero de esa fecha podría encontrarse vinculada con este pago; el cual, no deberá verse afectado por la resolución que aquí se dispone. En función de lo expuesto, llegado el momento de resolver respecto de estos sucesos adelanto que habré de adoptar un temperamento desincriminatorio de las personas imputadas, siendo que el fiscal interviniente no ha requerido su elevación a juicio ni propuesto medidas, sumado a que a lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y/o la persona/s que lo habría/n realizado. Por ello, habré de disponer el sobreseimiento de los nombrados respecto de estos sucesos”, afirmó.