Entre los involucrados está la hija del “Coco” Basile, Sabrina. Qué delito le imputarían a los acusados y por qué la Vicepresidenta los vincula a su intento de asesinato
Los cuatro integrantes de Revolución Federal que fueron detenidos este jueves -entre los que se encuentran la hija del ex futbolista y director técnico Alfio “Coco” Basile- serán indagados en las próximas horas por incitación a la violencia colectiva, en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Para la Vicepresidenta, la agrupación estuvo detrás del ataque que llevaron adelante en su contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Ayer el juez Marcelo Martínez De Giorgi, ordenó el arresto de Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile, y dispuso el allanamiento de distintas empresas, en las que se encuentra Caputo Hermanos -la firma ligada a la familia del ex ministro de Mauricio Macri, Luis Caputo, que CFK vincula al financiamiento del intento de magnicidio.
Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuarua (PSA) estuvo a cargo de los procedimientos ordenados por el magistrado. A Morel -identificado como líder de Revolución Federal- lo fueron a buscar a su casa, en el barrio de Munro, pero fue detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos; Sosa -integrante de la agrupación, sospechado de ser una pieza clave en la estructura organizativa y de financiamiento- fue arrestado en su vivienda en Villa Ballester; Guerra -protagonista de un episodio violento en las inmediaciones de Casa Rosada- fue apresado en su domicilio en la localidad bonaerense de Moreno; por su parte, Sabrina Basile -acusada de integrar el grupo- se presentó en Tribunales y quedó detenida luego de una intensa búsqueda.
La PSA allanó el domicilio de “Coco” Basile en busca de su hija, pero cuando los oficiales irrumpieron en el lugar solo se encontraron el ex director técnico de la Selección Argentina.
Sabrina Basile había sido parte de varias movilizaciones en contra del Gobierno. Incluso la grabaron “escrachando” al dirigente Juan Grabois en la puerta del Congreso y en Casa de Gobierno. Además, estuvo en el cacerolazo que se había hecho en la residencia de Olivos el fin de semana en que renunció el ex ministro de Economía Martín Guzman y se anunciaba la asunción de Silvina Batakis. Ese domingo a la noche, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la portavoz Gabriela Cerruti decidieron suspender el diálogo con la prensa por la presencia de esos caceroleros.
Morel, Sosa, Guerra y Basile fueron detenidos en los allanamientos ordenados por Di Giorgi, quien avaló un pedido del fiscal Gerardo Policita y ordenó la prisión preventiva de los integrantes de Revolución Federal. Los cuatro serán indagados este viernes por incitación a la violencia colectiva, informaron fuentes judiciales a Infobae.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por el grupo pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta.
Los detenidos también pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Agencia Télam fuentes con acceso a la investigación.
El artículo 213 bis del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”
Entre los 11 allanamientos que dispuso este jueves el juez, se incluyó la sede de la firma Caputo Hermanos, en la avenida Santa Fe al 1300. Esa empresa que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo aparecía haciéndole transferencias millonarias a través de fideicomiso a Morel y sus allegados. La compañía se presentó el miércoles en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería.
La Vicepresidenta cree que Revolución Federal planeó y financió el intento de homicidio en su contra. “No es posible descartar aún que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato en mi contra y es mi derecho conocer todo lo atinente a esa posibilidad y aportar los elementos que considere necesarios para explorarla”, aseguró la presentación que hizo Cristina Kirchner -querellante en la causa- el lunes pasado. “El carácter amenazante de las manifestaciones de los miembros de Revolución Federal es evidente”, sentenció.
CFK aseguró que “es probable que los fines de Revolución Federal fueran mucho más graves” que la intención de que ella no se presentara a la próximas elecciones, “y se trate de una agrupación destinada a cometer delitos, de diversas gravedades: amenazas, instigaciones a cometer delitos, incitaciones al a violencia e incluso, claro está, asesinatos”. De ser así, dijo, “estamos en presencia de una asociación ilícita” de la que ella, dijo, fue víctima.
“Es altamente probable que estas dos personas procesadas por atentar en mi contra formaran parte o tuviesen vínculos directos con Revolución Federal. Como vimos, no sólo participaron en marchas de la organización, sino que ésta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte”, dijo la ex presidenta.
Y agregó: “Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de asesinato en mi contra. Aún cuando la Cámara del fuero decidió que, por el momento, los expedientes tramiten por separado, es tanto mi interés como mi derecho ser parte de estas actuaciones para que se explore todo lo que sea necesario esa posibilidad, que se suma a los evidentes delitos que cometía Revolución Federal y también me tenían como víctima”.
Cristina Kirchner definió como “alarmante” la “probable financiación” de Revolución Federal “por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte”.
En ese sentido mencionó que Morel había recibido 1.700.000 pesos de la empresa vinculada a la familia de Luis Caputo. “Esa situación era ya más que sospechosa, pero ahora ha surgido que la suma alcanzaría los 7.000.000 de pesos”, advirtió.
“No hace falta ser un avezado detective para ver que hay algo extraño en que personas que, según sus dichos, aprendieron carpintería por Youtube, reciban una suma millonaria contratados por una de las principales constructoras y desarrolladoras del país, para hacer muebles para un proyecto en la provincia de Neuquén, desde su supuesto emprendimiento en Boulogne, provincia de Buenos Aires”, remarcó la ex mandataria.