Mañana su abogado comienza la defensa en el juicio oral. Será durante tres audiencias. Pero el jueves el empresario estará ante otros jueces. La pelea por sus libros embargados desde 2016
Lázaro Báez recibe el llamado de su abogado Juan Villanueva y trata de recordar con el mayor detalle posible cada obra, cada máquina vial, cada papel. Desde la casa en la que está bajo prisión domiciliaria desde hace dos años, el empresario colabora en el alegato que su defensa comenzará mañana en el juicio oral por la obra pública. La Fiscalía lo acusó de formar parte de una asociación ilícita y pidió una condena de 12 años de prisión, la misma que para la vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal imputada del caso.
Báez, que ya lleva seis años preso, tendrá además esta semana otra audiencia clave. El jueves, por videoconferencia, estará frente a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que deben resolver si confirman o revocan su condena a 12 años de prisión por lavado de dinero. Esa audiencia será formal pero a partir de ahí se empieza a jugar la resolución del tribunal.
“Lázaro ayuda a reconstruir los hechos”, le dijo Infobae una de las personas que trabaja en la defensa del empresario en el juicio por la obra pública. Mañana a las 9.30 horas su abogado Villanueva empezará el alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 que continuará el martes y seguirá para finalizar le martes de la semana siguiente. La defensa utilizará las tres audiencias que le dio el tribunal.
“Será un alegato técnico”, adelantan desde la defensa. La línea central irá por dos aspectos. Uno es recalcar que ningún testigo dijo que le pidieron que haga algo para beneficiar a Báez. Y el segundo que dos auditorias que realizó la Dirección Nacional de Vialidad, durante la gestión de Javier Iguacel -que presentó en 2016 al inicio del gobierno de Mauricio Macri la denuncia que inició la causa- concluyeron que al empresario no se le pagó por nada que no se haya hecho.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a Báez de formar parte de una asociación ilícita que tenía a Cristina Kirchner como su jefa para defraudar al Estado con las 51 obras viales que sus empresas recibieron para Santa Cruz entre 2003 y 2015. La Fiscalía señaló que las licitaciones que ganó Báez estaban amañadas, incumplían normar administrativas, solo concluyó tres obras en tiempo y forma y otras 27 se terminaron con retrasos injustificadas y que a pesar de eso cobró todo. También resaltó que mientras no hacía las obras compró campos en la provincia por 415 mil hectáreas, lo que equivale a 20 veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
“Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner”, dijo Luciani en su alegato. Así como la Fiscalía analizó cada una de las obras, lo mismo hará la defensa desde mañana. Buscará exponer por qué no hubo delito y de que no se le pagó a empresas nada que no haya hecho.
La defensa del empresario será la novena en alegar de los 13 acusados. La semana que pasó lo hicieron Carlos Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación. Los dos pidieron sus absoluciones, lo mismo que habían hecho las anteriores defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner y de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal.
El 5 de abril de 2016 Báez viajó en su avión de Santa Cruz a Buenos Aires. El juez federal Sebastián Casanello lo había citado al día siguiente a declaración indagatoria por lavado de dinero. Pero al llegar al aeropuerto de San Fernando quedó detenido. Desde entonces está preso. Primero lo estuvo en la cárcel federal de Ezeiza y desde septiembre de 2020 en domiciliaria.
Cuando Báez fue detenido se hicieron distintos allanamientos en sus domicilios. En su casa de Río Gallegos se secuestró, entre otras cosas, su biblioteca personal. Son cerca 312 libros que están bajo la custodia de la Biblioteca Nacional. Cuando los libros fueron secuestrados en mayo de 2016, Infobae informó algunos de los títulos. Entre otros, está “La Razón de Vida”, firmado por su autora, Eva Perón; “Viaje a la Patagonia Austral”, con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno; también libros firmados por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges; y hasta un ejemplar de “Mi lucha”, del nazi y genocida alemán Adolf Hitler.
El empresario ahora los está reclamando. Le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 -que lo condenó por lavado y que tiene los libros embargados- que se los devuelva, lo que fue rechazado porque si la condena quedaba firme se debía cumplir con un decomiso de cerca de 60 millones de dólares. La defensa alega que ya hay otros bienes embargados que sí tienen valor y que los libros forman parte de los derechos culturales y educativos que tiene.
La Cámara de Casación intervino y a fines de agosto dijo que no está establecido si los libros tienen valor económico para que eventualmente puedan ser parte del decomiso. Con esa resolución, el TOF 4 ordenó el martes pasado un peritaje sobre los 312 libros para tasarlos y conocer su valor. También para hacer un inventario porque no lo hay. El tribunal le preguntó a la Biblioteca Nacional si tiene el personal especializado para cumplir con esa tarea.
Báez no solo comenzará mañana las audiencias del juicio de la obra pública, a las que se conectará por videoconferencia. El jueves a las 11:30 tendrá otra. Será, también por sistema digital, ante los jueces de la Sala IV de Casación Federal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Es una audiencia técnica, se llama de visu. Es para conocer al imputado antes de tomar una decisión. Se le pregunta por sus condiciones personales y se le da la posibilidad de hablar si quiere hacerlo.
Pero esa audiencia será el punto de partida para una decisión importante. Después de eso los magistrados quedarán en condiciones de resolver si confirman o revoquen la condena por lavado de dinero. El TOF 4 condenó en febrero del año pasado a 22 personas por esa maniobra. Báez recibió una pena de 12 años de prisión.
Ese expediente tiene un punto que lo vincula con el juicio de la obra pública. Por mayoría, los jueces del TOF 4 Guillermo Costabel y Adriana Palliotti consideran que el dinero que Báez lavó para darla apariencia lícita venían de facturas falsas y de la obra pública que recibió para Santa Cruz durante el kirchnerismo. La tercera jueza, Gabriela López Iñíguez, no consideró a la obra pública como delito precedente.
Eso también deberá resolver Casación. La expectativa está en si lo hace antes del veredicto en el juicio de la obra pública, cuyos jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen la expectativa que sea este año y no dejarlo para el 2023 que será de elecciones presidenciales.
Desde lo jurídico lo que diga Casación no tendrá impacto en el juicio, inclusive la discusión legal continuará. Pero si tendrá -en el caso que confirme que Báez lavó dinero de la obra pública- un efecto simbólico que no pasará desapercibido.