Estudiantes, docentes y gremios de universidades nacionales realizaron una protesta frente al Palacio de Justicia y montaron aulas a cielo abierto en Plaza Lavalle. Reclaman a la Corte Suprema que ordene la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Ejecutivo y ratificada luego por el Congreso.
La disputa entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por la Ley de Financiamiento Universitario sumó este martes un nuevo capítulo con epicentro en la Justicia. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores de distintas casas de estudio se concentraron en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de los Tribunales, en una jornada de clases públicas, paro y protesta para exigir que la Corte Suprema de Justicia se expida en favor del cumplimiento de la norma.
Profesores de la Universidad de Buenos Aires , la Universidad Nacional de Avellaneda , la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional Arturo Jauretche , entre otras instituciones, instalaron aulas transitorias en la plaza, donde desde las 11 se dictaron clases públicas de ciencias exactas, naturales y sociales.
La movilización se enmarca en la disputa por la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2024 tras la caída del presupuesto universitario producto de la prórroga del ejercicio 2023. La norma fue vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 879/2024, aunque luego el Congreso insistió con su sanción en septiembre de 2025.
Ante la negativa del Poder Ejecutivo a aplicar la ley, el conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, que ahora aparece como última instancia para definir su vigencia. Bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, la comunidad universitaria trasladó la protesta a los tribunales tras cuatro marchas federales previas.
La jornada, que se extendió hasta la tarde, fue convocada por los principales sindicatos docentes del país junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas. “Reclamamos una respuesta urgente”, señalaron desde la organización.
La Ley de Financiamiento Universitario declaró la emergencia presupuestaria del sistema, estableció actualizaciones bimestrales por inflación y garantizó pisos mínimos para el funcionamiento de las instituciones. Además, incluía previsiones para salarios, becas, ciencia, hospitales universitarios y extensión.
Con amplio respaldo legislativo —57 votos afirmativos en el Senado y media sanción previa en Diputados—, la norma fue rechazada por el Ejecutivo bajo el argumento de su impacto fiscal y su incompatibilidad con el objetivo de déficit cero. Sin embargo, la persistencia de la crisis presupuestaria, con una caída real estimada en torno al 45%, reactivó el reclamo del sistema universitario y profundizó el conflicto institucional que ahora se dirime en el máximo tribunal.