(Pablo Roma, Congreso de la Nación) – La Cámara baja dio media sanción al proyecto del Gobierno con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. La iniciativa fija como misión central del BCRA preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al sector público y modifica el régimen de sus autoridades. El debate estuvo atravesado por las diferencias sobre la inflación, la autonomía de la entidad y el margen de acción que tendrá el Estado ante futuras crisis. El texto ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados convirtió este miércoles a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el principal eje de una extensa jornada parlamentaria que volvió a poner en primer plano las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la política económica. Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo media sanción y quedó habilitado para continuar su recorrido en el Senado.
La iniciativa modifica de manera sustancial el marco legal que regula al Banco Central. El cambio más relevante establece como misión primaria y fundamental de la entidad la preservación del valor de la moneda nacional, desplazando el esquema de objetivos múltiples incorporado a la Carta Orgánica en 2012.
El texto también restringe la posibilidad de que el BCRA funcione como fuente de financiamiento del sector público. Entre las modificaciones se encuentra la prohibición de otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de impedir la adquisición de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
La reforma elimina, además, los adelantos transitorios al Tesoro y la figura de las reservas de libre disponibilidad. Al mismo tiempo, establece un mecanismo para que los resultados del Banco Central puedan destinarse a cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos acumulados en su activo.
Otro de los cambios está relacionado con las autoridades de la entidad. El proyecto establece causales específicas para remover al presidente y a los integrantes del directorio y dispone que una eventual destitución por parte del Poder Ejecutivo deberá contar con el respaldo de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.
El recorrido legislativo comenzó con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 31 de julio. La iniciativa fue analizada por las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda y obtuvo dictamen de mayoría el 12 de agosto, luego de una jornada en la que también expusieron economistas convocados para analizar sus alcances. El Orden del Día 211, que reunió el proyecto oficial con otras iniciativas sobre la Carta Orgánica, quedó habilitado para su tratamiento en el recinto.
La sesión especial había sido convocada para las 12 y necesitó del acompañamiento de bloques aliados y provinciales para alcanzar el quórum de 129 legisladores. El temario no se limitó al Banco Central: también incluyó el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y distintas iniciativas vinculadas con demandas de legisladores provinciales.
UN DEBATE SOBRE EL PAPEL DEL BANCO CENTRAL
Durante el debate, el oficialismo presentó la reforma como una herramienta destinada a consolidar la estabilidad monetaria y evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado para financiar el déficit fiscal.
El diputado Santiago Pauli, encargado de informar el proyecto, sostuvo que la modificación busca limitar la utilización de la autoridad monetaria como fuente de recursos del Estado y vinculó esa práctica con los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.
Desde Unión por la Patria, en cambio, la discusión se planteó en términos diferentes. Itai Hagman cuestionó que la reforma reduzca las herramientas disponibles para que el Estado pueda intervenir ante situaciones económicas adversas y vinculó la iniciativa con los resultados de la actual política económica.
Una parte importante del debate se concentró precisamente en esa diferencia: mientras el oficialismo considera que limitar la asistencia monetaria al Tesoro constituye una condición para preservar el valor de la moneda, sectores opositores advierten que una prohibición amplia podría reducir la capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis.
La discusión también alcanzó el funcionamiento futuro del directorio. Maximiliano Ferraro acompañó la iniciativa, aunque planteó reparos sobre el sistema de designación de autoridades y sostuvo que la reforma no elimina completamente la posibilidad de que futuras administraciones utilicen herramientas excepcionales para intervenir sobre las reservas.
Miguel Pichetto, por su parte, cuestionó el proyecto y puso el foco en la relación entre la política monetaria, el endeudamiento y el manejo de las reservas internacionales. Sergio Palazzo planteó otra objeción: consideró necesario que la estabilidad del sistema financiero forme parte de los objetivos de la autoridad monetaria.
La cuestión de la autonomía del Banco Central también atravesó la intervención de Agustín Rossi. El diputado sostuvo que las nuevas reglas podrían condicionar a una eventual administración futura si el oficialismo dejara de gobernar, mientras que desde La Libertad Avanza se defendió precisamente la intención de establecer reglas que no dependan del gobierno de turno.
LA DISPUTA POR EL ENDEUDAMIENTO FAMILIAR
El tratamiento del Banco Central se produjo en una jornada en la que también apareció otro conflicto económico: el endeudamiento de los hogares.
Distintos bloques opositores intentaron incorporar al temario proyectos destinados a atender la situación de personas endeudadas con bancos, tarjetas, billeteras virtuales y otras entidades de crédito. El pedido no alcanzó las tres cuartas partes necesarias para modificar el orden de la sesión y quedó fuera del debate.
Sin embargo, el resultado de la votación dejó un dato político relevante. La oposición consiguió reunir 133 votos, una cantidad superior al quórum necesario para iniciar una sesión. A partir de ese resultado, distintos bloques anticiparon que buscarán convocar una sesión especial para avanzar con los proyectos vinculados al endeudamiento familiar.
El episodio mostró que el oficialismo puede construir mayorías para avanzar con su agenda económica, pero también que existen temas capaces de reunir a sectores opositores y a algunos bloques provinciales que habitualmente acompañan iniciativas del Gobierno.
UNA JORNADA DE ALTA NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA
La votación de la Carta Orgánica del Banco Central reflejó esa dinámica. La Libertad Avanza necesitó del respaldo de sus aliados y de distintos espacios provinciales para alcanzar la mayoría.
El proyecto había llegado al recinto después de un proceso de negociación en comisiones que incluyó modificaciones respecto de las iniciativas originales. El expediente oficial fue presentado por el Poder Ejecutivo a fines de julio y quedó unificado con otros proyectos que proponían cambios en el funcionamiento del Banco Central.
El resultado final mostró una diferencia significativa respecto del número mínimo necesario para abrir la sesión: el oficialismo logró ampliar su base de apoyo a la hora de votar la reforma.
La discusión, además, no terminó con el resultado de la Cámara baja. La media sanción abre ahora una segunda etapa en el Senado, donde el proyecto deberá ser analizado en comisiones antes de llegar al recinto.
Hasta que ese trámite concluya, las nuevas restricciones al financiamiento del Tesoro y las modificaciones sobre el directorio no entrarán en vigencia. Si la Cámara alta introduce cambios, el texto deberá regresar a Diputados para continuar su tratamiento.
La aprobación representa así un avance legislativo para el Gobierno en uno de los componentes centrales de su programa económico: transformar en norma permanente la restricción al financiamiento monetario del Estado y concentrar el mandato del Banco Central en la preservación del valor de la moneda.
El debate que continuará en el Senado ya no estará centrado solamente en la letra de la Carta Orgánica. También pondrá a prueba el consenso político existente alrededor de cuánto margen debe conservar el Estado para actuar ante una crisis y qué nivel de independencia debe tener la autoridad monetaria frente a los gobiernos de turno.