Con la eliminación del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, el oficialismo buscó asegurar la mayoría para aprobar Propiedad Privada. Hubo violencia en las calles. Generó expectativas cómo votarían los tres senadores correntinos. Sobre la medianoche se votaba.
El Gobierno nacional llegó al Senado con una certeza: insistir con el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros podía convertir una victoria legislativa en una derrota política. Por eso, antes incluso de abrir la sesión, decidió retirar del proyecto el punto más controvertido de la denominada Ley de Propiedad Privada, resignando una de las reformas que había defendido desde el inicio para preservar el resto de la iniciativa.
La decisión fue mucho más que una modificación técnica. Representó el reconocimiento de que el oficialismo no lograba reunir los votos suficientes para sostener esa parte del articulado y que, frente a una oposición amplia -alimentada por gobernadores de distintos signos políticos y por bloques dialoguistas-, la única alternativa consistía en retroceder para mantener con vida el proyecto principal. La negociación se resolvió pocas horas antes del debate y confirmó una dinámica que ya se volvió habitual en el Congreso: el Gobierno continúa impulsando reformas profundas, pero debe administrar cada sesión como una negociación permanente.
El nuevo texto dejó en pie cambios sobre desalojos, expropiaciones, registros inmobiliarios y la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, el retiro del capítulo sobre tierras terminó transformándose en el dato político del día. Aquello que inicialmente aparecía como uno de los ejes centrales de la reforma terminó convertido en la principal concesión del oficialismo para evitar que toda la iniciativa naufragara antes de comenzar su tratamiento. Anoche, al cierre de esta edición la Cámara alta se encaminaba al tramo final hacia la votación.
Mientras dentro del recinto se discutían mayorías y estrategias parlamentarias, afuera el clima transitaba un recorrido completamente distinto. Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a concentrarse organizaciones sociales, agrupaciones políticas, referentes culturales y manifestantes que rechazaban el proyecto. La protesta fue creciendo con el correr de las horas hasta desembocar en una secuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Las imágenes de camiones hidrantes, gases lacrimógenos, corridas, patrulleros dañados, contenedores incendiados y manifestantes enfrentándose con efectivos policiales acompañaron toda la jornada. Al cierre de esta edición, el saldo incluía doce detenidos entre los procedimientos realizados por Policía Federal y Policía de la Ciudad, además de cuatro efectivos heridos y una reportera gráfica internada tras sufrir una lesión durante los disturbios. La tensión se prolongó hasta entrada la noche, incluso cuando las fuerzas de seguridad avanzaron para despejar nuevamente la Plaza del Congreso.
La calle terminó funcionando como una caja de resonancia del debate parlamentario. La oposición política buscó capitalizar la marcha como demostración del rechazo social a la iniciativa. El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que el oficialismo debió abandonar “la locura y la insensatez” de permitir una mayor venta de tierras rurales a extranjeros, aunque advirtió que “no van a dejar de insistir”. Del otro lado, el Gobierno interpretó justamente esa marcha atrás como el costo necesario para conservar la viabilidad de una reforma que considera estratégica para consolidar su programa de gobierno.
Pero si Buenos Aires concentraba la atención mediática, en Corrientes la lectura política seguía otro recorrido. La provincia llegaba a la sesión con un interés particular por el comportamiento de sus tres representantes en la Cámara Alta. No se trataba solamente de acompañar o rechazar una ley. También estaba en juego la manera en que cada uno administraría el delicado equilibrio entre las posiciones provinciales, la estrategia nacional de sus espacios políticos y el vínculo con la Casa Rosada.
En un momento, la lupa se posó sobre el correntino Eduardo Vischi. Como jefe del bloque radical, su papel excedía el voto personal. Buena parte de la ingeniería parlamentaria pasaba por la posición que finalmente adoptara la bancada de la UCR frente a un proyecto que había sido modificado sobre la marcha para ampliar sus posibilidades de aprobación. El retiro del capítulo sobre tierras no solo buscó acercar voluntades de legisladores provinciales; también procuró ofrecer una salida política a sectores dialoguistas que compartían parte del espíritu de la reforma, pero no estaban dispuestos a acompañar una flexibilización de la propiedad rural en manos extranjeras.
Junto a Vischi, la mirada también se dirigía hacia Gabriela Valenzuela y Carlos Mauricio “Camau” Espínola. Aunque responden a construcciones políticas diferentes, los tres llegaban a una sesión en la que cada voto adquiría un valor específico. El oficialismo necesitaba construir mayorías artículo por artículo, mientras la oposición intentaba aprovechar cada fisura para imponer modificaciones o, directamente, bloquear el avance de la iniciativa.