Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales emitieron un comunicado en el que expresaronsu preocupación por la implementación del Impuesto a las Ganancias dentro del Poder Judicial. Según denunciaron, se trata de un “intento de cercenar la independencia”. Las declaraciones se deben al artículo que el oficialismo incluyó ayer, sorpresivamente, en la nueva ley de Presupuesto, que busca obligar a todos los jueces a pagar el gravamen del cual la mayoría están eximidos.
“Frente a las modificaciones al régimen del Impuesto a las Ganancias incluido en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para 2023, tratado en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, por las cuales se implementará una reforma sustancial a ese régimen para los magistrados, funcionarios, empleados y jubilados del Poder Judicial de la Nación, de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público de la Nación, entendemos ineludible expresar nuestra posición, siendo conocedores de la situación económica por la que atraviesa nuestro país, que de ninguna manera nos es indiferente, y la necesidad de implementar medidas de fondo y reformas institucionales para superarla y alejar los peligros que se ciernen sobre una Argentina afectada por las recurrentes crisis de esa naturaleza”, expresaron desde la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales.
En ese sentido, consideraron: “Es imperioso expresar nuestra más profunda preocupación ante lo que aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, relativo a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, en cuanto mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas (Fallos: 329:385, Considerando 8° voto mayoría)”.
“El dialogo constructivo y de cooperación entre los distintos poderes del Estado, lejos de obstaculizar las transformaciones estimadas indispensables, permitiría zanjar definitivamente la temática en cuestión, con independencia de la fecha de designación de los jueces en sus cargos. Pero este nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial de la Nación llevará a consecuencias no sopesadas, que resentirán en mayor medida la prestación del esencial servicio que le compete”, agregaron.
Ayer la comisión de Presupuesto le dio dictamen a la ley que fija las partidas para el año que viene
Además, los jueces aseguraron: “Nos vemos obligados una vez más a reafirmar nuestros principios democráticos y republicanos, que involucran a una real división de poderes y a la independencia de los órganos de la justicia que se ven peligrosamente avasallados con este proyecto de reforma, que solo trasluce incomprensión de las funciones y responsabilidades que nos caben a los magistrados y funcionarios de la justicia de la Nación”.
El intento del oficialismo de obligar a los jueces a pagar Ganancias genera, desde ayer, fuerte rechazo en la esfera judicial. Hoy, distintas agrupaciones del sector, así como el sindicato de empleados judiciales, salieron a replicar la iniciativa que fue aprobada ayer en comisión en la Cámara de Diputados. Se declararon en estado de alerta y convocaron, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a una reunión extraordinaria para tratar el tema.
Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios -y que esta semana se enfrentaron en las elecciones para el Consejo de la Magistratura– también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quien anunció medidas de fuerza.
La asociación de fiscales también rechazó el avance en el cobro del impuesto a las ganancias a funcionarios del Poder Judicial
Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación se cuestionó los proyectos legislativos que “modifican arbitrariamente las condiciones de servicio” y que “pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales”, expresaron por medio de un comunicado.
Además, cuestionaron que la medida “curiosamente no se impone para el resto de los contribuyentes, ya que hasta los miembros del órgano legislativo, tienen un aporte tributario inferior, porque excluyen varios parámetros de sus salarios”. Por eso, sostuvieron que no consiste en un tratamiento igualitario y apunta a un condicionar de manera “irregular y discriminatoria” a los magistrados y empleados judiciales.
Al justificar el rechazo al proyecto para cobrar el impuesto a las ganancias, se planteó que en el ámbito judicial la vinculación laboral es diferente al resto de la función pública dado que están inhabilitados para ejercer otra actividad, se les exige un aporte jubilatorio mayor y sin tope salarial.
Comunicado completo:
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, viene alertando a toda la comunidad, que ciertos sectores de la política, con la presentación de proyectos legislativos que modifican arbitrariamente las condiciones de servicio, pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio.
En efecto, además de la reivindicación que el salario no es ganancia, corresponde denunciar que recientemente en el proyecto de ley de presupuesto, un legislador propone demagógicamente que a todos los magistrados, funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales y del Ministerio Público, tanto nacionales como provinciales, se les grave la totalidad de sus haberes con el impuesto a las ganancias, extremo que curiosamente no se impone para el resto de los contribuyentes, ya que hasta los miembros del órgano legislativo, tienen un aporte tributario inferior, porque excluyen varios parámetros de sus salarios.
Ello demuestra acabadamente que lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
Consecuentemente, cabe recordar que la vinculación laboral en el ámbito judicial, tiene un régimen diferenciado al resto de la función pública, ya que los primeros, entre otras limitaciones, se encuentran inhabilitados para ejercer la profesión u otra actividad lucrativa, además, ya se encuentran en situación de inferioridad porque se le exige un aporte jubilatorio del 18% y sin tope salarial y algunos funcionarios pagan ganancias porque fueron nombrados recientemente.
La CSJN ha siempre sostenido, que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias.
En ese orden, al legislador se le encuentra vedado realidad un tratamiento diferenciado con criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni que importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas.
Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho.
La AFFUN exhorta a una prudencia especial a los representantes en el orden parlamentario, de modo tal que eviten cualquier resolución, que pueda interpretarse como una presión intolerable a la función judicial.