(Corresponsalia Buenos Aires) – En un acto que marca un giro significativo en la estructura mediática del país, el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, han firmado la resolución 117/2024, publicada este sábado en el Boletín Oficial, para oficializar la intervención de diversos medios públicos y empresas del Estado. Este anuncio se enmarca en un proceso más amplio de cambios en la toma de decisiones, donde el presidente otorgó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el control de los medios públicos mediante un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia.
La resolución 117/2024 confiere a los interventores designados por el mandatario presidencial amplias facultades. Estos funcionarios estarán encargados de elaborar un plan integral de reformulación, readecuación y acción para las sociedades intervenidas, el cual deberá ser sometido a la consideración del Poder Ejecutivo Nacional. Además, tendrán la potestad de evaluar y modificar el Estatuto para el Personal del organismo, así como el régimen de administración de fondos, pudiendo ampliar, reducir o aprobar nuevas partidas presupuestarias.
El interventor oficial también podrá modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo, con la posibilidad de aprobar uno nuevo según las necesidades del Gobierno. La resolución establece que esta intervención tendrá una duración de un año, durante el cual los designados, Chaher y Marías, actuarán como un directorio de las entidades intervenidas.
La decisión de intervenir los medios públicos se enmarca en la modificación de la Ley de Ministerios mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 110/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este decreto asigna al jefe de Gabinete la responsabilidad de “administrar y controlar los medios de difusión bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista”. Asimismo, le otorga la capacidad de definir las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su implementación.
Este conjunto de medidas representa un cambio sustancial en la estructura de los medios públicos y empresas estatales, consolidando un nuevo marco normativo y de gestión bajo la dirección del Gobierno.