En medio de la discusión entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores “dialoguistas” instaron al Gobierno de Javier Milei mediante un comunicado a habilitar el debate por el Presupuesto Nacional 2025. “Los argentinos no quieren regresar al pasado”, señaló el documento de tres páginas que suscriben los jefes territoriales de la Unión Cívica Radical y el PRO. Gustavo Valdés fue uno de los firmantes.
El texto enfatiza que la sanción de la ley de leyes es crucial para “consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores”. Además, critica las asimetrías en la distribución de recursos, recordando que “no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley”.
Quienes motorizaron el comunicado son los gobernadores de la liga del ex Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).
Allí, destacan la importancia de garantizar en el Presupuesto el equilibrio fiscal y promover el desarrollo económico. Además, subraya la necesidad de corregir inequidades y asegurar que se respeten las leyes vigentes en materia de recursos federales.
Sin embargo, los mandatarios insisten en que el Gobierno haga lugar a las modificaciones y pedidos que realizan.
Los cuatro puntos que piden los mandatarios de JxC al Gobierno
1. Compensación del Consenso Fiscal. Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes.
2. Cajas de Jubilaciones no transferidas. Las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, pero el gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales, y generando un fuerte pasivo para los Tesoros Provinciales.
3. Impuesto a los Combustibles Líquidos. El gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.
4. Reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP. Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable.