(Fuente Infobae) – Es por el caso de lavado de dinero del “BNP Paribas”. Los acusados ofrecieron más de 2.000 millones de pesos para no ir a juicio. El tribunal oral lo aceptó pero la Cámara Federal de Casación no. Ahora intervendrá el máximo tribunal. Por qué puede ser clave el gobierno de Javier Milei
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ante sí una decisión crucial: aceptar o no la mayor reparación económica de la historia en un caso de corrupción. En la causa del “BNP Paribas”, los ex directivos acusados de asociación ilícita y lavado de dinero ofrecieron más de 2.000 millones de pesos para evitar el juicio oral. Este dilema llegó al máximo tribunal después de que la Cámara Federal de Casación Penal permitió la apelación para que la Corte revisara el expediente.
La disputa se centra en aceptar el juicio oral o avalar la reparación acordada destinada a obras en 16 provincias del país, bajo la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el Padre José María “Pepe” Di Paola, con supervisión del Ministerio de Desarrollo. Social.
Los 14 acusados ofrecieron pagar 2.200 millones de pesos, monto embargado en la causa, ajustado según el tipo de cambio del Banco Nación al momento del acuerdo firme. A pesar del aval del Tribunal Oral Federal 6 y la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), también querellante, se opuso y apeló la decisión.
El cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei como presidente podrían influir en la postura del BCRA, que hasta ahora se opone a la reparación económica. La designación de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia también podría ser determinante.
El caso involucra al BNP Paribas, un banco francés operando en Argentina en los años 2000, acusado en 2009 por lavado de dinero y asociación ilícita. Se detectaron operaciones financieras ilegales, llevando dinero fuera del país y retornándolo como legal. El juicio oral se dirigió a 14 acusados, incluidos ex directivos del BNP.
El fiscal Baigún aceptó el acuerdo por la complejidad del caso, problemas de salud de algunos acusados y la incertidumbre por la falta de jueces titulares en el TOF 6. Sin embargo, el BCRA se opuso argumentando que la conciliación solo aplica a casos patrimoniales, no una asociación ilícita.
La Sala IV de Casación revocó el acuerdo en julio, indicando que la gravedad del caso y las normativas internacionales imposibilitan la conciliación. Una nueva apelación de la UIF y las defensas llevó a que los jueces de Casación aceptaran el recurso extraordinario para revisión por la Corte Suprema.
Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si acepta revisar el caso, donde se discuten cuestiones federales y garantías constitucionales, siendo la disidencia sobre la naturaleza definitiva de la sentencia impugnada, un tema clave en este proceso.