(Corresponsalía Buenos Aires) – La Universidad de Buenos Aires (UBA) se enfrenta a un exhaustivo proceso de auditoría impulsado por el gobierno de Javier Milei. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Miguel Blanco, comenzará este lunes una investigación en profundidad para verificar el destino de los fondos transferidos desde el Tesoro Nacional.
Los montos en cuestión son significativos. Durante el período 2020-2022, la UBA no presentó rendiciones sobre el 89% de los recursos asignados a través de programas universitarios, sumando un total de $8.000 millones. A esto se suman $500 millones adicionales destinados a infraestructura entre 2015 y 2019, cuyo uso tampoco fue especificado.
Este proceso se activa tras la derogación de una normativa instaurada por el exprocurador Carlos Zannini, que impedía el control de fondos en universidades nacionales. Con la nueva administración de Milei, la SIGEN tendrá vía libre para revisar cada detalle del presupuesto universitario.
La auditoría incluirá el análisis de convenios, gastos operativos, inversiones y contrataciones de servicios, con un énfasis particular en los mecanismos de “caja chica”. Este sistema, destinado a gastos menores no planificados, podría haber servido para fines personales, según fuentes cercanas a la investigación.
Además, se revisarán 2.245 convenios entre la UBA y organismos estatales, algunos con montos que van desde $2 millones hasta $170 millones y sin pasar por procesos de licitación.