Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado recibieron la iniciativa por parte de la Facultad de Derecho de la UNNE. Forma parte de un proceso de modernización de leyes que está en agenda.
En un paso significativo hacia la actualización normativa de la provincia, las autoridades de la Legislatura Provincial recibieron formalmente el anteproyecto del Código de Defensa del Consumidor. El documento fue entregado por autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) durante un encuentro celebrado en el Salón de Acuerdos, que contó con la presencia de referentes de ambas cámaras legislativas.
La iniciativa busca establecer principios claros para regular el funcionamiento y la vigencia de los derechos de usuarios y consumidores en el ámbito local. El decano de la Facultad de Derecho, Mario Villegas, destacó que la propuesta es fruto de diversos proyectos de investigación y estudios realizados por el cuerpo docente de la institución. Según explicó, el texto no solo define los derechos sustantivos, sino que también propone una implementación procesal para garantizar que la ejecución de dichos derechos sea oportuna, eficiente y sencilla para la ciudadanía.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, calificó el trabajo como de gran trascendencia debido al vacío legislativo que persiste en la provincia sobre esta materia específica. Si bien Argentina cuenta con normativa nacional desde la reforma constitucional de 1994, Tassano señaló que este nuevo código representa el eslabón necesario para adaptar esas garantías al contexto provincial, incluyendo, además, un fuerte componente educativo para los ciudadanos. El titular de la cámara baja también subrayó que esta presentación se alinea con el proceso de modernización de leyes que integra la agenda parlamentaria actual.
Al encuentro asistieron el vicegobernador y presidente del Senado, Pedro Braillard Poccard, junto a una comitiva de legisladores de diversos bloques, entre ellos el liberal Eduardo Hardoy, Ana Améndola de Vamos Corrientes, Hugo Calvano de la CC-ARI, José Vassel del PP, Lorena Lazaroff del PRO, y los senadores radicales Noel Breard, Enrique Vaz Torres y Sonia Quintana.
Esta presencia conjunta de senadores y diputados fue interpretada por Tassano como una señal positiva hacia la obtención de un consenso amplio para la futura sanción de la norma.
Luego de la entrega, el anteproyecto deberá ingresar formalmente como proyecto de ley para iniciar su análisis en las comisiones técnicas. Se espera que el debate sea ampliado a todos los legisladores antes de su tratamiento definitivo en el recinto, con la expectativa de que el proceso culmine en la promulgación de una norma que mejore la calidad de vida de los correntinos frente a los conflictos relacionados con los consumidores.
Para Álvez se trata de un hecho histórico a favor de los ciudadanos
La presentación del proyecto de nuevo Código de Defensa del Consumidor fue calificado como un hecho histórico por el doctor Carlos Álvez, parte de la comisión académica y técnica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
“Estamos ante una oportunidad histórica para Corrientes. No se trata simplemente de una nueva ley, sino de la posibilidad de construir un sistema que haga efectivo los derechos en la vida cotidiana”, sostuvo. En esa línea, explicó que el objetivo central es superar la brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación real.
El código propone la creación de procedimientos administrativos ágiles, instancias judiciales especializadas y políticas públicas orientadas a la prevención. Según Álvez, esto permitirá “acercar el derecho al ciudadano común” y garantizar respuestas más rápidas y eficaces ante conflictos de consumo.
La iniciativa surge a partir de problemáticas concretas que atraviesan a los consumidores, desde el uso de plataformas digitales hasta el acceso al crédito y la firma de contratos complejos. En ese escenario, el proyecto incorpora herramientas como educación para el consumo, prevención del sobreendeudamiento y protección de sectores vulnerables.