En un escrito de casi 200 páginas, la Cámara del Crimen de Villa María resolvió este martes declarar nula la elevación a juicio de la causa que investiga una presunta estafa alrededor de la firma Generación Zoe y su líder, Leonardo Cositorto. Esta decisión puede derivar en la libertad de casi una veintena de detenidos, incluyendo al propio Cositorto, a partir de febrero del próximo año.
Es que la medida vuelve todo el cuerpo de la causa que viene trabajando la fiscalía N°2 de Villa María desde comienzos de 2022, cuando comenzó a investigar la empresa que prometía rendimientos extraordinarios, de hasta un 7,5 por ciento en dólares al mes. Eso significa que deberá volver a fijar hechos, tomar indagatorias y resolver el requerimiento.
A eso se suma que en febrero comenzarán a vencerse los 3 años máximos de prisión preventiva que autoriza el sistema judicial cordobés para los 26 acusados que tiene el caso. Al no llegar con los plazos para volver a armar la acusación, todos ellos saldrían en libertad cuando empiecen a cumplirse las fechas, según comentaron a Clarín fuentes judiciales. Así esperarán la resolución de los procesos, pero fuera de la cárcel.
El último de ellos sería Cositorto, quien fue capturado el 4 abril de 2022 tras permanecer prófugo en República Dominicana. El coach, de cualquier manera, deberá resolver antes los proceso judiciales que tiene pendientes en Corrientes, Santa Fe y Salta. En estas últimas dos también tiene prisión preventiva solicitada.
En Salta tiene fecha de juicio para mayo del próximo año, mientras que en Rosario la causa avanza lentamente.
Corrientes es hoy por hoy el centro de la causa: está siendo juzgado actualmente por asociación ilícita y estafa. Si bien hizo una oferta para pagar a los damnificados, la misma fue rechazada cuando ya estaba cerrada y siguió con el proceso. Se espera que ese juicio concluya en diciembre de este año, si no se llega a un acuerdo antes.
Pero la causa de Corrientes iba únicamente sobre los líderes locales, mientras que la investigación de Villa María, encabezada por la fiscal Juliana Companys, apuntaba también a los referentes nacionales. Es por eso que varios de los beneficiados terminarán siendo algunas de las cabezas de la empresa.
La causa ya había tenido el visto bueno del juzgado de control y de la cámara de acusación y se encontraba a la espera de definir fecha para irse a juicio por unos 173 hechos de estafa, según la acusación de la fiscalía.