La concejal Griselda Zajur, impulsora de la denuncia, detalló las maniobras de sobrefacturación y personal “fantasma” que habrían derivado en el fraude. El operativo incluyó sedes municipales, viviendas particulares y hasta un museo local.
La localidad de Sauce se encuentra conmocionada tras los cinco allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, apuntó directamente contra el intendente Carlos Raúl Romano y el auditor municipal Pablo Ignacio Gauna.
La concejal Griselda Zajur explicó que la denuncia fue radicada en noviembre pasado tras un exhaustivo análisis de los balances de tesorería y ejecuciones presupuestarias donde detectaron “innumerables irregularidades”. Según la edil, se trataría de una corrupción sistemática que incluye la contratación de personas como monotributistas que no prestan servicios reales y el uso de proveedores que sobrefacturan para generar un “retorno” de dinero.
Un esquema con “arrepentido” y un museo bajo la lupa
Uno de los puntos más llamativos de la investigación fue el allanamiento del Museo Municipal, el cual, según Zajur, funcionaba en los últimos meses como oficina del propio intendente. Además, la causa cuenta con el testimonio de un “arrepentido” que explicó a la justicia el mecanismo de entrega de dinero y los sobreprecios.
“Nuestra función es controlar, no simplemente mirar, porque estos entramados están muy ocultos”, señaló Zajur en la entrevista, destacando que el perjuicio estimado supera los 150 millones de pesos, aunque sospecha que el monto final podría ser mucho mayor.
La respuesta oficial
Por su parte, el intendente Romano, quien recientemente logró su reelección por un estrecho margen de 14 votos, manifestó a través de medios locales que el municipio se puso a “total disposición de la Justicia” y que entregó toda la documentación requerida.
Durante los procedimientos, la fuerza federal secuestró abundante material probatorio, incluyendo teléfonos celulares, computadoras y documentación contable de los periodos 2023, 2024 y 2025, que ahora están siendo analizados por la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Curuzú Cuatiá.