La adolescente de 17 años, sospechada de planear y encomendar el crimen cometido a manos de su pareja, se encuentra bajo un régimen especial de permanencia en un domicilio de Santo Tomé. La familia de la víctima Cecilia Lazcano, cuestionó la medida y anunció que apelará la decisión.
A un mes y medio del asesinato de Cecilia Lazcano, ocurrido en la localidad correntina de Alvear, una adolescente de 17 años fue imputada como coautora del crimen. Sin embargo, la Justicia dispuso para ella un régimen especial de permanencia en un domicilio de Santo Tomé, con autorización para concurrir a la escuela, realizar actividades sociales y trasladarse a la plaza con permiso de su madre.
La medida generó un fuerte cuestionamiento por parte de la familia de la víctima, que reclama que la joven permanezca privada de su libertad mientras avanza la investigación. El otro imputado menor de edad, señalado como autor material del homicidio, permanece detenido.
La causa está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, según explicó Juan Saucedo, abogado de la familia de Cecilia Lazcano.
“Estoy indignada con lo que se resolvió en la audiencia”, manifestó Corintia Vila, madre de la víctima. En declaraciones radiales, sostuvo que la adolescente “va a tener una vida normal en la ciudad de Santo Tomé” y cuestionó que pueda asistir a un establecimiento educativo o concurrir a una plaza con autorización.
“¿Dónde está el arresto domiciliario? Se supone que un arresto domiciliario no sale ni a la vereda de la casa”, expresó Vila.
De acuerdo con lo señalado por la familia, la resolución establece que la joven no puede regresar a Alvear y debe permanecer en Santo Tomé bajo la vigilancia de su madre. También se habría dispuesto que realice tratamiento psicológico y que gestione, en un plazo de cinco días, el pase desde su escuela de Alvear a un establecimiento educativo de Santo Tomé.
“No tiene ningún tipo de restricción para ir al colegio, hablar con quien quiera o salir de la casa. La única prohibición que tiene es no salir de Santo Tomé sin informar y no ir a Alvear”, cuestionó Saucedo.
“Parece un privilegio”
El abogado de la familia calificó la medida como “un privilegio” y sostuvo que no fue debidamente fundamentada durante la audiencia.
“Lo único que se invocó es el interés superior del niño y la presunción de inocencia, como para establecer estas pautas de privilegio”, afirmó Saucedo. También remarcó que el otro imputado, que igualmente es menor de edad, permanece detenido.
El letrado cuestionó además el desarrollo de la audiencia y señaló que inicialmente no estaba definido el domicilio donde la adolescente cumpliría el régimen dispuesto. Según relató, la audiencia debió pasar a un cuarto intermedio hasta que se estableciera ese lugar.
Saucedo aseguró que la defensa de la familia presentó la apelación en el mismo momento y que la decisión será revisada por un tribunal de la ciudad de Mercedes.
“No hay ninguna razón valedera que termine neutralizando los riesgos procesales”, sostuvo el abogado, quien también advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones fijadas debería ser denunciado ante la Justicia.
La familia reclama que la joven quede detenida
Vila confirmó que solicitaron que la adolescente sea privada de su libertad, al igual que el otro acusado.
“Ambos son culpables porque planificaron desde el 14 de julio todo lo que hicieron con mi hija”, manifestó la mujer, según sus declaraciones. Además, sostuvo que existen más personas involucradas en el crimen y expresó su sospecha de que podrían tratarse de adultos, aunque aclaró que no puede afirmarlo.
La madre de Cecilia también cuestionó el accionar del Ministerio Público y dijo sentirse “engañada” por la postura adoptada durante la audiencia. En ese sentido, habló de posibles privilegios y pidió que la investigación avance sin diferencias basadas en la condición económica o social de los involucrados.
La investigación continúa mientras la familia espera la revisión de la medida impuesta a la adolescente. El caso también contempla el análisis de dispositivos electrónicos pertenecientes a los padres de la menor, que —según trascendió— habrían sido entregados voluntariamente a los investigadores.