(Corresponsalía Buenos Aires) – El Decreto 612/2026 redefine la forma en que las Estaciones de Servicio deberán calcular las contribuciones convencionales, delimita con precisión la base de cálculo y fija nuevas reglas para la administración de esos recursos. Desde el oficialismo sostienen que la medida aporta previsibilidad a empleadores y trabajadores sin modificar el espíritu de la reforma laboral.
El Gobierno nacional presentó el Decreto 612/2026 como una corrección técnica destinada a despejar dudas surgidas tras la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. La norma establece que las contribuciones patronales previstas en los convenios colectivos deberán calcularse sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual, dejando fuera conceptos como horas extras, aguinaldo, premios, bonos y sumas no remunerativas.
Además, el decreto determina que las contribuciones pactadas en los convenios colectivos se regirán por la Ley de Asociaciones Sindicales y no por el artículo 9° de la Ley 14.250. También dispone que esos fondos deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores y llevar una administración separada del resto del patrimonio sindical, con mayores exigencias de control sobre su utilización.
En la Casa Rosada aseguran que el objetivo fue dotar de mayor certeza jurídica a un aspecto que había generado distintas interpretaciones entre empleadores, sindicatos y especialistas en derecho laboral. Según sostienen fuentes oficiales, la nueva redacción evita conflictos al momento de liquidar las contribuciones convencionales y brinda reglas más claras para todas las partes involucradas.
Desde el oficialismo también remarcan que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei permanece intacta en sus aspectos centrales y que el nuevo decreto no implica una marcha atrás, sino una adecuación reglamentaria para precisar el alcance de determinados artículos y garantizar su correcta aplicación.
Uno de los argumentos que exponen funcionarios vinculados al área laboral es que la norma también fortalece la transparencia en el manejo de los recursos sindicales. Al establecer que las contribuciones deberán administrarse por separado y destinarse exclusivamente a prestaciones sociales, asistenciales, previsionales y culturales, el Ejecutivo entiende que se mejora el control sobre esos fondos y se brinda mayor trazabilidad a su utilización.
En esa línea se expresó el diputado nacional José Luis Espert, uno de los principales defensores de la reforma laboral, quien en reiteradas oportunidades sostuvo que el objetivo del Gobierno es “modernizar las relaciones laborales sin afectar los derechos de los trabajadores”, al tiempo que reclamó mayor transparencia en el financiamiento de las organizaciones sindicales.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, también respaldó la reglamentación al sostener que la reforma busca generar reglas claras para promover el empleo formal y reducir la litigiosidad, sin eliminar el funcionamiento de los convenios colectivos ni el sistema de representación sindical.
Para el abogado laboralista Nahuel Altieri, el decreto aporta mayor seguridad jurídica para las empresas porque define con precisión los conceptos que integran la base sobre la que deben calcularse las contribuciones convencionales, evitando interpretaciones dispares al momento de confeccionar las liquidaciones.
El especialista aclaró que la modificación no altera la causa judicial iniciada por SOESGyPE contra el límite del 2 por ciento previsto para las contribuciones patronales convencionales. “Mientras la demanda no tenga una resolución judicial, las Estaciones de Servicio deben liquidar conforme a la ley. Solamente si reciben una intimación jurídica específica del sindicato deberán responder que continuarán aplicando esa normativa hasta que exista una resolución cautelar o una sentencia definitiva”, explicó a Surtidores.com.ar.
Altieri también recomendó adoptar una medida preventiva hasta que exista una definición de la Justicia. “Mi recomendación es previsionar los montos que hoy no se están pagando por esta nueva limitación. Esa diferencia no debería gastarse. Conviene mantenerla separada o colocarla en un fondo común de inversión para contar con esos recursos si más adelante corresponde abonarlos”, señaló.
Finalmente, consideró que las empresas que respeten el marco legal tendrán argumentos para defender su actuación si el escenario cambia. “Hoy el camino más seguro es cumplir la ley y, al mismo tiempo, reservar las diferencias económicas que no se están abonando. Si la Justicia modifica el criterio, la empresa tendrá esos fondos disponibles y habrá actuado de buena fe”, concluyó.