(Pablo Roma, Gremiales) – Según el análisis realizado por José Luis Lingieri, Secretario de Acción Social de la CGT, el sistema de obras sociales nacionales en Argentina presenta un panorama deficitario en la actualidad, y se proyecta que este déficit se conservará y explotará en el futuro.
De acuerdo a este estudio, actualmente, hay 14.244.066 beneficiarios de obras sociales nacionales, distribuidos en 288 entidades inscritas en el registro de la SSS. Del total de beneficiarios, aproximadamente el 70% se concentra en 40 entidades y el 75% de ellos se encuentra en cinco jurisdicciones principales: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
El sondeo demuestra que el ingreso promedio del sistema, que se sitúa en $8.604,00 a marzo de 2023, no está cubierto por la mayoría de las obras sociales. Además, el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera este valor promedio de ingreso, lo que indica que la mayoría de las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud no logra cubrir este costo.
Destacó el titular del sindicato de Trabajadores del Agua y Saneamiento que “gran parte de este déficit está siendo cubierto por las Organizaciones Gremiales con aportes a sus propias Obras Sociales”.
En cuanto al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), informó que se financia mediante un porcentaje de los aportes y contribuciones, que oscila entre el 15% y el 20%, dependiendo de la naturaleza de la obra social.
Vale destacar que este FSR tiene dos objetivos principales: en primer lugar, funciona como un reaseguro para cubrir enfermedades de alto costo y baja incidencia a través de los reintegros que financian el Sistema Único de Reintegros (SUR) y el Mecanismo de Integración; en segundo lugar, tiene un carácter redistributivo y se lleva a cabo mediante la transferencia de distintos tipos de subsidios.
El primer elemento de distribución automática del FSR es la Integración, que es un mecanismo de financiamiento para las personas con discapacidad del sistema cubierto por las obras sociales nacionales. Actualmente, representa el 75% del ingreso del FSR, mientras que en 2016 representaba el 22% del gasto.
Según el informe de la CGT, estos recursos se utilizan para cubrir las prestaciones de 99.843 personas con discapacidad, con un gasto per cápita promedio de $131.052. Es importante destacar que el 47% de este gasto corresponde a educación y transporte, prestaciones no directamente relacionadas con situaciones sanitarias.
Los subsidios automáticos representan el segundo elemento de distribución automática del Fondo Solidario. El SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales) se calcula a partir de la diferencia entre el ingreso per cápita del grupo familiar y un valor determinado por una matriz. El SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías) está destinado a fortalecer las obras sociales con menos de 5.000 afiliados y de menor nivel de ingreso per cápita. El SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para Regímenes de Trabajo Especial) financia a las obras sociales por sus trabajadores/as de casas particulares y beneficiarios/as del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Con este panorama se detalla que el déficit total alcanzará este año 2023, $ 132.610 millones
En ese contexto, la secretaria de Acción Social de la CGT, elaboró un documento que contiene las propuestas que considera básicas para recuperar el equilibrio solidario perdido del sistema de obras sociales nacionales.
Ese documento plantea una hoja de ruta y el desarrollo de una propuesta que, entre otros, contempla:
- Elaboración de una canasta básica de servicios organizada por líneas de cuidado que reemplace al actual PMO
- Creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo
- Creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
- Creación de un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad.
- Adecuación de los esquemas de subsidios financiados desde el fondo solidario de redistribución
- Desarrollo e implementación de una agenda digital para el conjunto que contemple historia clínica digital integrada como eje de información sanitaria
- Seguir consolidando desde el Estado Nacional estrategias de acceso a tecnologías de altísimo costo como se hizo con la compra conjunta para medicamentos para tratar la hemofilia y, el más reciente, esquema de riesgo compartido mediante el cual el Ministerio de Salud provee el Zolgensma.